La tasa de basuras ha experimentado un aumento significativo en 2025, con un incremento medio del 17,4%, lo que representa el mayor aumento anual registrado hasta la fecha. Este aumento contrasta notablemente con la inflación general, que se situó en un 2,7% en el mismo año, marcando una diferencia notable en la economía de los hogares españoles.
El nuevo tributo municipal está transformando la forma en que los ciudadanos afrontan el gasto en servicios esenciales. Este cambio coincide con la implementación de un nuevo marco normativo que obliga a los ciudadanos a cubrir el coste real de la recogida y tratamiento de residuos, un gasto que anteriormente era parcialmente financiado por los presupuestos municipales.
En 2025, la recogida de basuras se convirtió en la quinta subclase con mayor aumento dentro del índice de precios al consumo (IPC). Durante la última década, el indicador de este servicio se había mantenido entre 80 y 85 puntos sobre una base de 100, pero en 2025 alcanzó el nivel de referencia de manera abrupta, marcando un cambio estructural en la financiación de este servicio público.
La tasa de basuras, además, ha visto cómo su ponderación dentro del índice general ha aumentado, pasando de 3,072 puntos por cada 1.000 del total en 2025 a 3,433 en 2026, lo que indica que los hogares están destinando una mayor parte de su presupuesto a este gasto. Este incremento en el peso de la tasa de basuras en el IPC refleja una preocupación creciente entre economistas, ya que un mayor peso en el índice conlleva una mayor influencia en la inflación general.
La variabilidad territorial en las tasas de basuras es otro aspecto alarmante del nuevo sistema. Según estimaciones de la Fundación ENT, la cuota anual para un hogar tipo puede alcanzar los 287,5 euros en Valencia, mientras que en Toledo se sitúa en apenas 56,9 euros. Esta diferencia de más de 230 euros evidencia cómo el código postal se ha convertido en un factor determinante en el recibo de basuras, dejando de lado criterios de equidad o generación real de residuos.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha confirmado que la subida media en las capitales de provincia se aproxima al 30,6%, aunque las diferencias son abismales. En Madrid, donde se ha establecido una nueva tasa vinculada al valor catastral de la vivienda, el incremento supera el 100%. En contraste, municipios como Soria o Alicante cuentan con tasas que no alcanzan los 30 euros anuales, situándose entre las más asequibles de España.
La tasa de basuras ha generado un laberinto administrativo, ya que la ley permite a cada ayuntamiento establecer sus propios criterios de cálculo, ya sea en función del valor catastral, del consumo de agua, del número de empadronados o del tipo de actividad. Esto ha llevado a que el principio europeo de «quien contamina, paga» se aplique de maneras muy diversas según la localidad. La OCU ha detectado 17 capitales donde la ordenanza mantiene un importe fijo, ignorando el esfuerzo de reciclaje de cada hogar.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha solicitado al Gobierno una regulación más clara y uniforme, argumentando que la falta de armonización no solo confunde a los ciudadanos, sino que también dificulta la evaluación del impacto real del nuevo IPC en la economía doméstica.
Las proyecciones apuntan a que las subidas en las tasas podrían continuar. La Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL) ha alertado sobre el hecho de que el coste nacional del servicio de recogida y tratamiento de residuos en 2025 fue de 5.325 millones de euros, pero las nuevas tasas solo cubrieron 3.488 millones, dejando más de 1.800 millones sin financiación. La ley no establece un límite para el aumento de la tasa, lo que implica que podría convertirse en una fuente de ingresos municipal significativa, solo por detrás del IBI.
En resumen, la tasa de basuras se perfila como un nuevo reto económico para los hogares españoles, y sus efectos aún están por verse en su totalidad.
