La Unión Europea ha presentado el AI Act, una normativa ambiciosa que regula la inteligencia artificial, pero que ha suscitado críticas por su enfoque restrictivo. Este reglamento, que entrará en vigor en 2026, requiere que cualquier contenido generado o asistido por IA sea etiquetado, una medida que podría resultar insostenible y perjudicial para la innovación.
El contexto de esta regulación se sitúa en un continente que se jacta de ser pionero en legislación tecnológica. Sin embargo, el método parece estar desconectado de la realidad. Europa legisla sobre tecnologías que aún no comprende, limitando el avance antes de que se produzca y sancionando sin considerar el mercado real. Mientras tanto, países como Estados Unidos y China continúan desarrollando ecosistemas de innovación sin las mismas restricciones, lo que podría llevar a Europa a una posición de irrelevancia en el ámbito tecnológico.
Un etiquetado complicado para una realidad compleja
El AI Act impone que cualquier intervención mínima de la inteligencia artificial en la creación de un contenido, ya sea un texto, una imagen o un vídeo, deba ser declarada. Este requisito plantea interrogantes sobre su viabilidad: ¿debe etiquetarse un artículo porque un corrector de texto ha corregido una coma? ¿O un informe jurídico por la estructura sugerida por un asistente de IA? La imposición de un etiquetado universal parece no tener en cuenta cómo funciona la IA moderna, lo que genera confusión y un entorno jurídico complicado.
Con esta regulación, la UE establece una jerarquía entre el contenido humano y el generado por IA. El primero se considera legítimo, mientras que el segundo se estigmatiza, lo que puede afectar a profesionales como periodistas, abogados y creativos, así como a empresas y start-ups que utilizan la inteligencia artificial para mejorar sus procesos.
Responsabilidad jurídica y la realidad del mercado
A pesar de que la intención del legislador es «garantizar responsabilidades», esta obligación no añade claridad al marco jurídico. Según el artículo 1902 del Código Civil, el responsable de cualquier daño o difamación sigue siendo el creador o la empresa que firma el contenido, no la inteligencia artificial que lo generó. Por lo tanto, imponer la obligación de declarar el uso de IA solo añade burocracia y confusión.
Este enfoque contrasta con las prácticas de países como Estados Unidos, donde la innovación se permite antes de la regulación. En Silicon Valley, el legislador permite la experimentación, y la regulación se implementa únicamente cuando se ha evidenciado un daño. En China, la innovación y la regulación coexisten, aunque con un marcado objetivo de control político. La UE, en cambio, impone obligaciones antes de que la tecnología y el mercado tengan tiempo de desarrollarse.
La situación actual muestra que Europa carece de grandes modelos de IA propios y de una capacidad industrial competitiva frente a Estados Unidos y Asia. En lugar de fomentar la innovación, la legislación estricta ha resultado en un ecosistema cada vez más pequeño y menos atractivo para las empresas tecnológicas.
En resumen, la hiperregulación que caracteriza a la UE no solo no protege, sino que también empobrece la capacidad de sus ciudadanos para acceder a los avances tecnológicos que otros países disfrutan. La obligación de declarar el uso de IA es un claro ejemplo de cómo las restricciones pueden perjudicar el mercado y limitar la creatividad.
La pregunta que debería plantearse el legislador europeo es clara: ¿se desea liderar la ética en tecnología o la innovación responsable? Sin una respuesta, la UE seguirá siendo un líder en regulaciones y un rezagado en innovación, arriesgándose a convertirse en un ecosistema regulado sin industria y controlado sin avances tecnológicos.
