La liberalización y privatización del sistema ferroviario en España ha dado lugar a significativos fallos y errores técnicos que han afectado su funcionamiento. La situación actual no es meramente coyuntural, sino el resultado de decisiones estratégicas cuestionables que priorizaron la Alta Velocidad sobre el resto del sistema.
Para ADIF, el objetivo principal ha sido aumentar la circulación de trenes, lo que ha incrementado sus ingresos a través de los cánones de circulación de los nuevos operadores. Sin embargo, esta demanda ha llevado a una mayor complejidad operativa y a un desgaste considerable de la infraestructura existente, generando una necesidad urgente de mantenimiento y control.
En el ámbito de la alta velocidad, la liberalización ha traído consigo beneficios como un notable aumento en el número de viajeros y tarifas competitivas en rutas populares como la de Madrid a Barcelona o Valencia. Este aumento de la oferta ha no solo estimulado la demanda, sino que también ha dado lugar a nuevos modelos comerciales que han mejorado la competitividad y la calidad del servicio en un principio.
No obstante, en la red convencional, los recortes presupuestarios de gobiernos anteriores han tenido repercusiones negativas en el mantenimiento y la modernización del sistema. La gestión pública ha perdido protagonismo, lo que ha debilitado la cultura de seguridad y aumentado la fragilidad operativa del sistema ferroviario. Actualmente, la red convencional opera con márgenes de seguridad más reducidos que en el pasado.
Durante años, la red ha estado subordinada a proyectos de alta velocidad que, aunque modernizaron algunas infraestructuras, no atendieron las necesidades básicas de movilidad diaria de los ciudadanos. La estrategia ha confiado excesivamente en la externalización del mantenimiento a una red de subcontratas, muchas veces poco controladas, lo que ha resultado en una disminución de la calidad del trabajo y la dilución de responsabilidades en caso de incidentes.
En este contexto, es importante señalar que el caso español no es único. Otros países, como Alemania y el Reino Unido, han enfrentado problemas similares tras la privatización de sus sistemas ferroviarios, como el aumento de costos y el deterioro del servicio.
Recientemente, los problemas de fiabilidad de la red española han estado relacionados con obras que han carecido de un adecuado control. Las grandes constructoras han actuado frecuentemente como intermediarios financieros, delegando en subcontratas que operan con contratos fragmentados y reducidos márgenes de control, lo que ha erosionado los estándares de calidad y ha dificultado la asignación de responsabilidades.
Además, las políticas públicas que han priorizado la contención presupuestaria y la externalización han retrasado inversiones críticas y han favorecido el beneficio privado en detrimento del interés general. A esto se suma la creciente preocupación por el impacto del cambio climático en las infraestructuras, que ya no solo se traduce en un aumento de temperaturas, sino en una mayor inestabilidad climática que afecta la operatividad del sistema ferroviario.
Frente a estas problemáticas, es crucial promover un ferrocarril público bien financiado, que cuente con un mantenimiento sólido y una planificación a largo plazo. Integrar el análisis de riesgo climático en la planificación ferroviaria y fomentar la digitalización de las operaciones son pasos necesarios para mejorar la capacidad y seguridad del servicio.
A pesar de los retos, el ferrocarril español se mantiene entre los más destacados de Europa en términos de seguridad y calidad del servicio, lo que subraya la importancia de abordar estos desafíos de manera efectiva.
