La liberalización del sistema ferroviario en España ha tenido un impacto significativo, generando problemas que no son solo temporales, sino que se derivan de decisiones erróneas. Este proceso priorizó la Alta Velocidad, relegando otras necesidades del sistema ferroviario.
Para ADIF, la principal prioridad ha sido aumentar la circulación de trenes en sus vías, lo que ha permitido incrementar sus ingresos mediante los cánones de circulación pagados por nuevos operadores. Sin embargo, esta estrategia ha conllevado un aumento en el desgaste y una mayor complejidad operativa, lo que a su vez ha incrementado la necesidad de mantenimiento y control.
La liberalización ha aportado aspectos positivos a la alta velocidad, como el aumento en el número de viajeros y la oferta de precios competitivos en trayectos populares, como los que conectan Madrid con Barcelona y Valencia. La ampliación de la oferta ha activado la demanda y propiciado la aparición de nuevos modelos comerciales que han mejorado la competitividad y la eficiencia del servicio. Sin embargo, este avance no ha sido igual en la red convencional, que ha sufrido recortes presupuestarios que han afectado gravemente su mantenimiento y modernización.
Además, se ha observado un progresivo debilitamiento de la gestión pública directa, lo que ha llevado a una precarización del personal y, en consecuencia, a un deterioro de la cultura de seguridad. Este escenario ha generado un funcionamiento del sistema con márgenes de seguridad más reducidos que en el pasado.
La priorización de la Alta Velocidad ha resultado en que la red convencional quedara desatendida, afectando las necesidades básicas de movilidad diaria. El operador de esta red optó por externalizar el mantenimiento y gran parte de las obras a una compleja red de subcontratas, lo que ha diluido las responsabilidades y ha comprometido la calidad del trabajo realizado.
El caso español refleja problemas similares observados en otros países. Por ejemplo, Alemania ha enfrentado una degradación creciente de su red ferroviaria debido a la fragmentación de responsabilidades y la contención presupuestaria. Asimismo, el Reino Unido, tras privatizar su sistema ferroviario en los años noventa, ha visto un deterioro en la organización y calidad del servicio.
Recientemente, los problemas de fiabilidad en la red española han sido atribuibles a obras mal supervisadas, donde grandes constructoras actúan como intermediarios financieros, delegando trabajos a cadenas de subcontratas. Esta situación ha erosionado los estándares de calidad y dificultado la asignación de responsabilidades en caso de incidentes.
Las políticas públicas que han priorizado la contención presupuestaria y la externalización han tenido consecuencias negativas para el sistema ferroviario. Además, el cambio climático se presenta como un factor crítico que afecta la infraestructura, incrementando la necesidad de adaptaciones urgentes.
Por lo tanto, es imprescindible defender un ferrocarril público bien gestionado y financiado, que contemple una planificación a largo plazo y un adecuado mantenimiento. Esto no debe considerarse una cuestión ideológica, sino una necesidad básica para garantizar la seguridad y la cohesión territorial en el contexto actual.
Asimismo, se plantea la integración del riesgo climático en la planificación ferroviaria, siguiendo las directrices de la Unión Europea, que está modificando normativas para incluir el análisis de este riesgo en proyectos financiados con fondos europeos. La digitalización de las operaciones también es clave para optimizar costos y mejorar la fiabilidad del servicio ferroviario.
A pesar de los fallos y errores generados por la liberalización y privatización del sistema ferroviario en España, este sigue siendo uno de los más destacados en Europa, garantizando seguridad y calidad en sus servicios.
