La jornada laboral en España se verá reducida a 37,5 horas semanales, una medida que entrará en vigor a partir de 2026 y que no implicará una merma en los salarios de los trabajadores. Esta reforma forma parte de un proceso legislativo del Estatuto de los Trabajadores que está actualmente en curso, aunque aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo.
El anteproyecto aprobado por el Gobierno establece que la nueva jornada laboral deberá implantarse a finales de 2025 o principios de 2026, una vez que la ley sea aprobada y publicada en el Boletín Oficial del Estado. La medida tiene como objetivo adaptar la actual jornada de 40 horas semanales a un modelo más equilibrado, sin que ello suponga pérdidas salariales para los empleados.
Opciones de implementación para las empresas
Las empresas tendrán tres opciones para implementar esta nueva jornada: reducir media hora de la jornada diaria, concentrar las horas en menos días de trabajo, o mantener la jornada de 40 horas a cambio de ofrecer hasta 12 días adicionales de vacaciones al año, elevando así el total a 42 días libres.
Esta flexibilidad permitirá a las compañías elegir la fórmula que mejor se adapte a su funcionamiento, siempre que se respete el cómputo total de horas anuales. Sin embargo, el abogado laboralista Juanma Lorente ha señalado que esta transición implicará una profunda transformación en la organización del tiempo de trabajo, y aunque se presentan alternativas viables, ninguna está exenta de complicaciones.
Desafíos organizativos y control del horario laboral
La adaptación requerirá una revisión exhaustiva de turnos, calendarios, contratos y rutinas laborales, lo que representa un reto considerable, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que suelen tener menos margen de maniobra. La implementación no será automática ni homogénea, obligando a cada empleador a evaluar su estructura productiva y negociar con sus trabajadores, lo que podría requerir ajustes operativos y tecnológicos.
Además, la reforma prevé un endurecimiento en las obligaciones de registro horario y un incremento de las sanciones en caso de incumplimiento, con multas que podrían alcanzar los 10 000 euros por trabajador afectado. También se reforzará el derecho a la desconexión digital fuera del horario laboral y se permitirá a las inspecciones laborales acceder de forma remota al registro de jornada de las empresas, lo que obliga a contar con herramientas digitales y protocolos de cumplimiento sólidos.
A pesar de que la medida ha sido recibida con entusiasmo por algunos sectores sindicales, que la consideran un avance en la conciliación y el bienestar del trabajador, los empresarios advierten sobre el coste económico y logístico que puede implicar. Mantener los salarios al reducir el tiempo de trabajo podría incrementar el coste laboral por hora, especialmente en sectores con márgenes estrechos, como la hostelería o el comercio minorista.
La dimensión de la empresa y su modelo de negocio influirán significativamente en la capacidad de adaptación. Las grandes compañías, con estructuras consolidadas y mayor capacidad de negociación, podrían absorber mejor el cambio, mientras que las pymes, que representan la mayoría del tejido empresarial en España, podrían enfrentar más dificultades para redistribuir las cargas de trabajo o contratar personal adicional.
En este contexto, el papel de la negociación colectiva y de los comités de empresa será fundamental para acordar cómo se implementará la medida en cada centro de trabajo, atendiendo tanto a las necesidades operativas como a los derechos de los trabajadores. A pesar de los desafíos mencionados, el Gobierno sostiene que esta reforma contribuirá a una mayor productividad, mejor salud mental para los empleados y una redistribución más justa del tiempo laboral.
La clave estará en cómo cada empresa gestione esta transición y aproveche los márgenes de flexibilidad que la ley ofrece para adaptarse sin comprometer su competitividad. En definitiva, se trata de una reforma estructural que marca un hito en la legislación laboral española y que obligará a repensar las dinámicas tradicionales del mercado de trabajo.