En los últimos años, la Administración Pública española ha intensificado el uso de técnicas de inteligencia artificial (IA), especialmente en el ámbito tributario, lo que ha generado un aumento en los procedimientos de verificación de datos y actuaciones inspectoras. Esta tendencia ha suscitado preocupaciones sobre la falta de motivación clara para los ciudadanos sujetos a estos procesos.
El desarrollo de herramientas de análisis masivo de datos por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha mejorado significativamente la detección de riesgos fiscales y el rendimiento recaudatorio. Desde una perspectiva financiera, este incremento es positivo, ya que permite una mayor financiación del gasto público. Sin embargo, plantea interrogantes de carácter jurídico-constitucional, sobre todo en lo que respecta a la transparencia y el control de decisiones automatizadas.
Implicaciones de la Sentencia del Tribunal Supremo
La Sentencia del Tribunal Supremo n.º 1119/2025, dictada el 11 de septiembre de 2025, aborda estos temas de forma significativa. En este caso, el tribunal evaluó si la Administración podía denegar el acceso al código fuente de la aplicación telemática BOSCO, utilizada por el Ministerio para la Transición Ecológica para verificar la condición de consumidor vulnerable en el proceso de concesión del bono social energético. Este sistema no solo proporcionaba información, sino que generaba resultados evaluativos que influían directamente en la situación jurídica del solicitante.
El tribunal concluyó que, aunque la Administración puede utilizar sistemas automatizados en el ejercicio de sus funciones, esta práctica no exime de las exigencias de transparencia y control. En este sentido, el principio de transparencia algorítmica establece que los ciudadanos tienen derecho a acceder a la información necesaria para entender el funcionamiento de estas decisiones, lo que podría incluir el código fuente o al menos sus elementos esenciales.
Retos en la gestión tributaria y derechos de los contribuyentes
A pesar de los beneficios que aporta la IA en la gestión tributaria, como la optimización de recursos y la detección de comportamientos defraudatorios, su uso sin mecanismos de supervisión puede intensificar la presión administrativa sobre los contribuyentes. La Ley General Tributaria reconoce en su artículo 34 derechos fundamentales de los obligados tributarios, como el derecho a recibir información y asistencia por parte de la AEAT.
Sin embargo, la Administración, amparándose en el artículo 95 de la Ley General Tributaria, excluye la posibilidad de que los interesados conozcan los criterios o algoritmos utilizados. Esta falta de transparencia plantea serias dudas sobre la motivación administrativa y el derecho a la defensa, especialmente cuando los contribuyentes sienten que las actuaciones de comprobación carecen de motivación individualizada.
El uso de la IA debe ser un instrumento eficaz en la lucha contra el fraude fiscal, pero su implementación sin los controles adecuados compromete principios esenciales del Estado de Derecho. La reciente jurisprudencia del Supremo establece una línea doctrinal que, previsiblemente, influirá también en el ámbito tributario, obligando a la Administración a equilibrar la eficacia recaudatoria con las garantías constitucionales que protegen a los contribuyentes.
Patricia Lampreave, profesora de Derecho Financiero y tributario, destaca la importancia de este debate, sugiriendo que la falta de supervisión y control podría llevar a prácticas de control masivo que carezcan de la suficiente garantía jurídica.
