El número de incapacidades permanentes en Asturias ha experimentado un notable incremento del 9,5% en un año y medio, alcanzando los 27 995 casos según datos recientes. Este aumento se traduce en 2 451 personas más afectadas desde marzo de 2024, lo que ha puesto en el centro del debate público temas como el absentismo y la siniestralidad laboral en la región.
Causas del aumento en las incapacidades permanentes
Las incapacidades permanentes son aquellas que se conceden tras un tratamiento médico, cuando persisten graves reducciones anatómicas o funcionales que afectan la capacidad laboral del individuo. En Asturias, el impacto económico de estas incapacidades es significativo; los afectados reciben una renta media de 1 362,98 euros al mes, lo que representa una carga mensual para la Administración de más de 38 millones de euros.
A nivel nacional, la situación es similar. En toda España, hay más de 1 031 210 ciudadanos en esta situación, lo que implica un incremento del 9,6% en comparación con hace un año y medio, cuando eran 940 547. Este aumento ha sido atribuido en parte a un cambio normativo implementado en marzo de 2024 por el Ministerio de Seguridad Social, que amplió la edad de jubilación para pensionistas con incapacidad permanente de 65 años a 66 años y medio.
Impacto de la normativa y opiniones divergentes
Desde el Ministerio se argumenta que la variación en las cifras tiene «solo efectos estadísticos», ya que las personas que reciben esta pensión permanecen más tiempo en esta categoría antes de pasar a la jubilación. Sin embargo, no existe consenso sobre la idea de que esta modificación normativa sea la única responsable del aumento en las incapacidades permanentes. Los sindicatos han señalado que, tras la pandemia, ha habido un «atasco» en los tribunales de valoración que ahora podría estar resolviéndose.
Asturias se posiciona como la tercera comunidad autónoma con mayor duración media de estos procesos, alcanzando los 68,89 días, frente a los 40,59 días de la media nacional. Actualmente, hay alrededor de 26 500 procesos activos en la región, lo que representa cerca del 7% de los afiliados.
Cuando las bajas laborales se extienden más allá de un año, tanto la sanidad pública como las mutuas suelen solicitar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) una evaluación del estado laboral del trabajador. Este organismo puede otorgar una prórroga de seis meses, pero también puede conceder la incapacidad permanente desde el inicio si se determina que no hay posibilidad de reincorporación.
Las decisiones de la administración en estos casos se han vuelto más complejas, y aunque las prórrogas solían ser poco frecuentes, cada vez son más comunes. Esto implica que el límite de las bajas puede permanecer estable durante meses, incluso años. La situación actual refleja una necesidad urgente de abordar las causas subyacentes de este fenómeno, así como de proporcionar soluciones efectivas para quienes se ven afectados por estas condiciones laborales.
