La fusión de las cajas de ahorro gallegas ha dejado un legado controvertido en la economía de la comunidad, marcando un punto de inflexión en la gestión financiera bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Este proceso, que culminó con la creación de Abanca tras el rescate del Estado a Nova Caixa Galicia con más de 9 000 millones de euros, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos sobre su transparencia y las decisiones políticas que lo respaldaron.
La Xunta, presidida por Feijóo, desempeñó un papel crucial en la fusión, blindando el proceso ante otras alternativas que el Banco de España también sugería para superar la crisis económica derivada de 2008. Sin embargo, la operación ha sido considerada por muchos como una venta a precio de saldo que benefició a Juan Carlos Escotet, un empresario financiero hispano-venezolano que encontró en esta fusión una puerta de entrada al mercado bancario español en condiciones muy favorables.
En este contexto, las críticas no solo provienen de la oposición, sino que han sido respaldadas por decisiones judiciales que han condenado a los altos cargos responsables de las cajas gallegas. A pesar de no haber sido salpicado directamente, la implicación de Feijóo en el proceso es evidente y ha resurgido en el debate político.
El informe que desata polémica
El revuelo ha vuelto a cobrar fuerza gracias a un informe reciente vinculado al exministro Cristóbal Montoro y su despacho Equipo Económico. La portavoz de Hacienda del Bloque Nacionalista Galego, Noa Presas, ha solicitado explicaciones a la administración autonómica sobre las supuestas conexiones entre este despacho y el fiasco de la fusión de las cajas gallegas. Presas ha planteado la inquietud de que el informe encargado a Equipo Económico podría haber influido en las decisiones que llevaron al colapso de las instituciones financieras gallegas.
Este informe, aunque de menor cuantía que el de KPMG que en 2010 había causado conmoción, revela pagos sospechosos por un total de 172.838 euros a la consultora vinculada a Montoro, lo que ha llevado a los nacionalistas a exigir la documentación necesaria para auditar la situación. La legisladora ha calificado de “especialmente grave” el posible papel de Equipo Económico en la reestructuración de Nova Caixa Galicia y en el posterior Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que resultó en el mayor despido colectivo en la historia de Galicia, afectando a casi 2 000 trabajadores.
Investigaciones en curso y conexiones políticas
El contexto se complica aún más ya que Equipo Económico está bajo investigación judicial por sus operaciones desde 2018, incluyendo presuntos delitos de soborno, fraude administrativo y corrupción. Esto ha generado una atmósfera de desconfianza en torno a las decisiones que se tomaron durante la fusión de las cajas gallegas y el papel que jugó la política en el proceso.
La respuesta del Gobierno de Alfonso Rueda ha sido desviar la atención al argumentar que Montoro no era ministro durante la fusión, una defensa que Presas considera “ridícula” dada la influencia del político dentro del Partido Popular y sus conexiones con Feijóo. La diputada ha subrayado la necesidad de aclarar qué decisiones políticas se fundamentaron en los informes elaborados por el despacho de Montoro, ya que estos podrían haber influido decisivamente en la gestión de las cajas gallegas y su posterior destino.
La situación actual plantea preguntas sobre la transparencia de las operaciones y las relaciones entre la política y el sector financiero en Galicia. La fusión de las cajas no solo ha dejado un vacío en el sistema bancario regional, sino que también ha abierto un debate sobre la ética en la gestión pública y la necesidad de una rendición de cuentas adecuada en el manejo de fondos públicos.
