La fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que anule la acusación formulada en su contra por el juez Ángel Hurtado, a quien acusa de haberla sentado en el banquillo sin pruebas suficientes. Rodríguez, procesada por revelación de secretos junto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sostiene que la decisión del juez se basa en un «sesgo» que impidió valorar adecuadamente los indicios a su favor.
En un extenso escrito de 54 páginas, al que ha tenido acceso El Periódico, la defensa de Rodríguez argumenta que Hurtado ha mostrado una crítica severa hacia García Ortiz sin realizar una valoración equitativa de su propia conducta. La fiscal alega que el juez ha desestimado elementos que podrían haber beneficiado su defensa, centrándose únicamente en aspectos perjudiciales.
Revelaciones sobre el caso y defensa de la fiscal
La defensa de Rodríguez enfatiza que la información sobre un posible pacto entre la defensa de Alberto González Amador y la Fiscalía era conocida por varios medios de comunicación antes de que la fiscal tuviera conocimiento de la oferta. Por lo tanto, argumenta que resulta «imposible materialmente» que un correo enviado por Rodríguez a las 21:59 horas pudiera ser el origen de las informaciones publicadas sobre las conversaciones entre el fiscal y el abogado del caso.
Además, la defensa destaca que la fiscal no participó en la redacción ni modificación de la nota de prensa que mencionaba el ofrecimiento del abogado, y que Hurtado transcribió erróneamente una frase de las comunicaciones entre fiscales, lo que podría haber distorsionado su intención. En su declaración del 30 de enero, Rodríguez explicó que su comentario sobre «un poco de cianuro» fue un desahogo y no una crítica al comunicado.
Rechazo a diligencias complementarias y situación actual
Por otro lado, el juez Hurtado ha dictado un auto este martes en el que rechaza la práctica de diligencias complementarias solicitadas por la Fiscalía, como la declaración de dos periodistas y la inclusión de un WhatsApp que demostraría que los periodistas tuvieron acceso a la información antes que el fiscal general. Hurtado argumenta que dichas diligencias no son indispensables en el contexto actual del caso.
El magistrado también ha indicado que la ley solo permite la solicitud de diligencias complementarias cuando la Fiscalía manifiesta su imposibilidad de acusar, algo que no se aplica en esta situación, donde el Ministerio Público ya ha solicitado el sobreseimiento del caso. A pesar de las acusaciones, Hurtado ha rechazado la solicitud de multar a la fiscal, reconociendo su posición institucional.
La defensa de Rodríguez concluye insistiendo en que la fiscal no filtró ni comunicó información a la prensa o a personas ajenas al Ministerio Fiscal, respaldando su posición con las declaraciones de peritos de la UCO que corroboraron su inocencia. Mientras tanto, la situación sigue generando controversia y atención mediática en un contexto judicial ya tenso.
