En octubre pasado, la Fundación Étnor presentó un informe que analiza la economía sumergida desde una óptica ética. Este documento no solo aborda la economía sumergida como un problema fiscal, sino que la sitúa en el contexto de la justicia y la cohesión social.
Recientemente, el diario Información reveló irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO) en San Juan, apuntando incluso al uso de dinero negro en estas transacciones. Es fundamental que los medios de comunicación actúen como vigilantes de la ética y la transparencia, y en este caso, se debe reconocer la labor del equipo periodístico de Información.
Sin embargo, la situación también invita a reflexionar sobre la compleja maraña administrativa que caracteriza a nuestra legislación. En España, la CEOE ha denunciado repetidamente el extenso volumen de normativas que superan 1,3 millones de páginas en boletines oficiales. Surge la pregunta: ¿es necesaria tanta regulación si al final se ignoran las normas?
La VPO fue concebida con el claro propósito de facilitar el acceso a la vivienda a quienes no pueden competir en el mercado libre. Por lo tanto, no debe ser un instrumento de especulación, sino una herramienta de equidad. Cuando se divulgan casos de operaciones que transgreden la normativa, con pagos poco claros o prácticas que violan la esencia misma de la legislación, el asunto trasciende lo administrativo y se convierte en una cuestión de ética pública.
En este contexto, la ética pública ha sido comprometida en dos frentes: por el uso de información privilegiada y por intentar lucrar con dinero negro. La economía sumergida no se limita a ser un problema de recaudación fiscal; representa una quiebra de las normas de convivencia. Aquellos que operan fuera del sistema obtienen ventajas ilegítimas sobre quienes cumplen con sus obligaciones. Esto genera que quienes actúan de manera correcta soporten una carga doble: la de sus propios compromisos y la de aquellos que evaden sus responsabilidades.
El dinero negro no es un ahorro, sino que se traduce en desigualdad. Cada euro oculto es un recurso que no financia servicios públicos esenciales, como sanidad, educación o pensiones. La vivienda protegida no es un bien cualquiera del mercado inmobiliario; es un mecanismo diseñado para asegurar la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Desvirtuarla a través de prácticas opacas equivale a trasladar recursos públicos hacia beneficios privados sin la debida transparencia o control.
La reputación del tejido empresarial se ve afectada cuando se normalizan estas conductas. Las irregularidades de unos pocos menoscaban la imagen de todos y distorsionan la competencia. Es importante recordar que ninguna sociedad moderna se sostiene solo con inspecciones y sanciones. Las leyes son necesarias, pero no suficientes.
El verdadero fundamento de un sistema económico robusto radica en la cultura del cumplimiento. Esta se basa en una convicción colectiva: observar las normas no es una carga, sino la condición para el funcionamiento del sistema. Sin una moral fiscal, no existe un estado social viable. Sin confianza, el mercado no puede ser eficiente. Transformar un instrumento de justicia social en una fuente de beneficio oscuro es, en esencia, una forma de apropiación indebida del esfuerzo colectivo.
La VPO es posible gracias a recursos, regulaciones y decisiones públicas que persiguen el interés general. La prosperidad de un país no se mide únicamente por sus indicadores macroeconómicos, sino también por el respeto a las reglas comunes, la capacidad de sus instituciones para garantizar igualdad de condiciones y el compromiso cívico de sus ciudadanos y organizaciones. Para recuperar y fortalecer la confianza es necesario algo más que controles; se requiere liderazgo, ejemplaridad y un compromiso claro con la transparencia. Porque, al final, el verdadero capital de una economía avanzada no es solo financiero, sino también moral.
