El 9 de diciembre de 2025 marca el llamado Día de la Deuda en España, un momento crítico en el que el Estado deja de financiarse con sus ingresos y comienza a depender del crédito. Según el Instituto Juan de Mariana (IJM), la deuda pública en el país ha alcanzado un asombroso 101,8% del Producto Interior Bruto (PIB) en el ejercicio de 2024. Esta cifra revela una situación alarmante, donde cada español debe, en promedio, 33 332 euros, un incremento significativo desde los 9 163 euros registrados hace 20 años.
La actual crisis económica ha llevado a que la Seguridad Social consuma ya cerca del 35% de los ingresos fiscales. Además, el gasto en intereses por la deuda pública asciende a aproximadamente 39 000 millones de euros anuales. Este panorama se agrava en un contexto donde la mitad de los ciudadanos gana 23 349 euros al año o menos, con el salario más frecuente cercano al salario mínimo interprofesional, según datos del INE.
El déficit y su impacto en las administraciones
El déficit de las Administraciones Públicas cerró el año pasado en un 3,16% del PIB, equivalente a 50 187 millones de euros. Esta situación refleja un desbalance significativo, sobre todo en la Administración central, que presenta un déficit del 2,91%, contrastando con el 0,54% de la Seguridad Social.
Según Manuel Llamas, presidente del IJM, el Estado ha transferido cerca de 45 000 millones de euros para financiar los pagos de la Seguridad Social a los jubilados, lo que distorsiona la percepción de las cuentas públicas. Sin estas transferencias, España podría estar en una posición de superávit presupuestario, lo que subraya la magnitud del «gran elefante» que representa el sistema de pensiones en la economía nacional.
La presión sobre el sistema de pensiones
La creciente presión de las pensiones sobre las arcas públicas plantea la necesidad de reflexionar sobre la sostenibilidad del modelo actual. Uno de cada cuatro euros que la Seguridad Social desembolsa se financia a través del déficit, lo que pone de manifiesto un desequilibrio estructural que no se puede resolver con ajustes temporales.
El estudio titulado «Brecha generacional», presentado por el IJM en septiembre de 2025, destaca cómo las nuevas generaciones soportan una «cuña fiscal» cada vez mayor, lo que conlleva un empobrecimiento de los trabajadores jóvenes en términos de renta y patrimonio. Según las proyecciones de la Comisión Europea, se estima que para 2050, el gasto en pensiones alcanzará casi la mitad de la recaudación fiscal, un hecho que no solo compromete la sostenibilidad del sistema, sino que también plantea interrogantes sobre qué otras partidas sociales se verán afectadas para financiar este incremento.
El aumento de la deuda pública, que ha pasado del 45,3% del PIB en 2004 al 101,8% en 2024, se presenta como el mayor salto entre todas las grandes economías de la UE. Esto limita el margen fiscal de España para afrontar futuras crisis, especialmente en un escenario marcado por el envejecimiento de la población y el progresivo retiro de la generación del baby boom. En consecuencia, España podría convertirse en el país con mayor gasto en pensiones en relación con su PIB entre 2044 y 2066, lo que plantea serios desafíos para el futuro económico del país.
