El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha una de sus promesas más relevantes: la condonación de la deuda autonómica, un pasivo que las comunidades autónomas arrastran desde la crisis financiera de 2008. Esta medida, valorada en más de 83.000 millones de euros, no solo busca aliviar las cuentas de las regiones, sino que se ha convertido en una herramienta estratégica para desgastar la unidad del Partido Popular y abrir nuevas brechas dentro de su bloque.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha redefinido el enfoque inicial de la condonación, que apuntaba a Cataluña como principal beneficiaria. Ahora, Andalucía se posiciona como la región que más se beneficiará de esta medida, lo que ha colocado a su presidente, Juanma Moreno, en una situación incómoda. A pesar de calificar la medida de “parche”, su comunidad verá reducida prácticamente a la mitad su deuda.
Un juego político en el centro del debate
La iniciativa del Gobierno no es solo un mero ajuste contable; plantea un complejo juego político en el que se entrelazan intereses territoriales, tensiones fiscales y la lucha ideológica entre socialistas y populares. El Partido Popular argumenta que el verdadero problema es la financiación y no el endeudamiento, pero la estrategia de Montero ha abierto un nuevo flanco en su discurso, introduciendo contradicciones entre las diferentes comunidades gobernadas por el PP.
El debate sobre la condonación de deuda también se entrelaza con discusiones sobre el modelo fiscal a nivel nacional. El presidente de Cataluña, Salvador Illa, ha denunciado en varias ocasiones el “dumping fiscal” que representa la política de impuestos bajos de Madrid, lo que ha llevado a tensiones adicionales. La respuesta de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha sido reafirmar el papel de su región como motor económico y gran contribuyente neto del Estado.
ERC y la presión por una reforma fiscal
Al mismo tiempo, ERC mantiene su presión sobre el Gobierno. Su líder, Oriol Junqueras, ha anunciado que no apoyará los presupuestos generales del Estado sin una reforma sustancial del sistema de financiación y una mayor capacidad de recaudación para Cataluña. Para los republicanos, la condonación de deuda es un avance insuficiente frente a su demanda histórica de una Agencia Tributaria catalana completamente operativa.
La situación es compleja y el Gobierno se encuentra en un delicado equilibrio entre cumplir sus compromisos con ERC y mantener su base electoral en Andalucía y la Comunidad Valenciana. Mientras el PP se enfrenta a un dilema, la quita de deuda se convierte en un instrumento no solo económico, sino político, que busca erosionar la cohesión del bloque popular y abrir un debate nacional sobre la justicia fiscal y la solidaridad interterritorial.
La estrategia del Gobierno, por tanto, no es solo una cuestión de números; es una jugada política que pretende cambiar el enfoque de las críticas hacia Cataluña y, al mismo tiempo, obligar a líderes regionales como Mazón y Moreno a gestionar sus propias contradicciones. Este contexto pone de manifiesto cómo la condonación de deuda se ha transformado en una herramienta para confrontar la política fiscal del PP y reconfigurar el panorama político español.
