La reciente aprobación de la nueva ley de Correos ha desatado un nuevo conflicto entre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Gobierno de España. El viernes 1 de agosto, la CNMC publicó un informe donde critica varios aspectos de la regulación, que fue aprobada sin haber consultado a la comisión previamente.
La normativa, que tiene como objetivo actualizar el marco jurídico del servicio postal en España, busca adaptarse a las cambiantes necesidades del mercado, especialmente en el contexto del comercio electrónico y la digitalización. El Congreso de los Diputados aprobó esta reforma el 18 de junio de 2024, redefiniendo el papel de Correos como operador público y extendiendo su compromiso con los ciudadanos hasta 2030.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha inyectado 400 millones de euros en la compañía para asegurar la continuidad del servicio postal universal (SPU) durante al menos cinco años más. Además, la modificación de la ley incorpora nuevos Servicios de Interés Económico General (SIEG), que incluyen la gestión de trámites administrativos y servicios financieros básicos.
Controversia por la falta de consulta
A pesar de los objetivos de la nueva regulación, la CNMC ha señalado carencias en la justificación de los cambios clave que afectan a la operativa y financiación de Correos. La ley fue aprobada con el apoyo de partidos como el PSOE, PP, PNV y Coalición Canaria, mientras que Sumar votó en contra, argumentando que este tipo de rescates deberían financiarse a través de impuestos a la banca.
La CNMC ha expresado su preocupación por la falta de justificación en la elección de Correos como único prestador de ciertos servicios, así como por la reducción de su función supervisora. El informe destaca que la determinación de las compensaciones ahora recaerá en organismos que no cuentan con el mismo estatus de independencia que la CNMC.
Implicaciones económicas y funcionales
El organismo supervisor ha advertido que los cambios en la metodología para calcular el coste del SPU y la incorporación de nuevos servicios podrían suponer un incremento considerable de la compensación que recibirá Correos. Esto podría traducirse en un gasto público significativo, lo que plantea interrogantes sobre la sostenibilidad financiera de la reforma.
En resumen, la nueva ley de Correos, aunque busca modernizar el servicio postal en España, ha generado un enfrentamiento notable entre la CNMC y el Gobierno, destacando la necesidad de un equilibrio entre las políticas públicas y la regulación de la competencia en el sector. La situación sigue siendo incierta, y se espera que las partes involucradas encuentren un camino a seguir que aborde las preocupaciones planteadas por la CNMC.
