Las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los autónomos representan más del 95% del tejido empresarial en España, un dato que refleja su importancia crucial en la economía y el empleo. Este segmento se caracteriza por su capacidad de adaptación rápida a las necesidades del mercado, aunque opera con márgenes ajustados. Cada día, estos negocios, como la frutería de Juan o la peluquería de Pilar, abren sus puertas con la esperanza de prosperar, pero en los últimos seis años, han desaparecido más de 23 000 microempresas.
El cierre de estas empresas no es una decisión fácil, sino el resultado de una presión impositiva y regulatoria que ha hecho insostenible su operativa. La carga de impuestos, los costes laborales en constante aumento y la dificultad para obtener financiación han llevado a muchos emprendedores a agotar sus recursos, incluso personales, y a cerrar sus negocios. Según datos recientes, cada día, cerca de diez pequeños empresarios se ven obligados a bajar la persiana de sus locales de forma definitiva.
Impacto en el empleo y la economía
La situación actual afecta no solo a los dueños de estas empresas, sino también a sus empleados. Con la presión de una posible reducción de la jornada laboral sin un previo aumento de productividad, se prevé que esto podría llevar a una pérdida de empleo del 1,8%. Este impacto se traduce en un debilitamiento de la economía y un empobrecimiento de la sociedad, donde la generación de puestos de trabajo se ve comprometida.
Además, la reciente subida del salario mínimo también repercute negativamente en las pymes y autónomos, aumentando sus costes y disminuyendo la productividad. La falta de competitividad podría resultar en la pérdida de mercados, un golpe duro para aquellos que no tienen los recursos para diversificarse.
El absentismo laboral, que se incrementa en tiempos de bonanza, se convierte en otro desafío. En el último año, más de 1,5 millones de trabajadores se encontraban en situación de baja por incapacidad temporal, lo que genera un coste directo superior a 20 000 millones de euros anuales, según diversas fuentes. Este coste es particularmente preocupante para las pequeñas empresas, que dependen de un número reducido de empleados.
Necesidad de reformas y cambios normativos
La incapacidad para cubrir vacantes también es un problema crítico, con alrededor de 150 000 puestos de trabajo sin cubrir. Este desajuste se debe, en parte, a subsidios mal dirigidos que desincentivan la búsqueda de empleo. Para reactivar la economía, es vital un cambio normativo que combine la protección social con incentivos al trabajo.
La carga tributaria actual es excesiva para las pymes y autónomos, lo que impide nuevas contrataciones y dificulta la mejora de la prosperidad. Desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), su presidenta, Ángela de Miguel, ha expresado la necesidad de flexibilizar el entorno económico, eliminando obstáculos y reduciendo costes para fomentar el empleo.
La situación de las pymes y autónomos es crítica, y es imperativo que se tomen medidas que favorezcan su sostenibilidad y crecimiento, no solo para el bienestar de estos negocios, sino para asegurar la salud de la economía española en su conjunto.
