La Agenda 2030, la estrategia global de desarrollo sostenible adoptada por todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, conmemora su décimo aniversario con un balance alarmante: solo el 17% de sus objetivos está en camino de cumplirse, y ninguno de los propósitos planteados parece alcanzable. Desde su aprobación en 2015, se reconoció la necesidad de transformar un modelo de desarrollo fallido y abordar simultáneamente las diversas crisis que asolan el planeta.
A pesar de ser la propuesta más contundente de la comunidad internacional en décadas, la falta de un compromiso político firme y la insuficiencia de recursos han obstaculizado su implementación. La realidad es que, diez años después, no hay nada que celebrar. No se han materializado medidas audaces para transformar nuestros modelos de producción y consumo, y la escalada bélica continúa, provocando desplazamientos forzados por rutas migratorias cada vez más inseguras.
Consecuencias de la falta de acción política
La crisis de la democracia está en uno de sus peores momentos, tal como indica el Democracy Digest 2024 de la Economist Intelligence Unit, que reporta un «mínimo histórico» en el índice global de democracia. Según el informe de CIVICUS de 2024, basado en datos del Banco Mundial, el 72,5% de la población mundial vive en países con derechos severamente restringidos.
No se ha avanzado en la gobernanza de los sistemas alimentarios, que, lejos de alimentar adecuadamente a más de un cuarto de la población mundial, son responsables de casi el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero y amenazan la biodiversidad. La respuesta ante la emergencia ambiental, la crisis democrática y el aumento de las desigualdades ha sido insuficiente y, en muchos casos, ineficaz.
Desigualdad en la financiación y prioridades erróneas
La brecha de financiación necesaria para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se estima en 4 billones de dólares anuales. En contraste, los países más poderosos han acordado destinar un 5% de su PIB al rearme y continúan financiando la industria fósil con 7 billones de dólares en 2022, mientras que entre 21 y 32 billones de dólares se ocultan en paraísos fiscales, según un estudio de la Tax Justice Network.
En lugar de fortalecer políticas que protejan a las personas y el planeta, hemos visto el desplome en los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), dejando a millones de personas en la pobreza extrema. La posibilidad de activar marcos globales de justicia fiscal parece cada vez más lejana, pese a los esfuerzos realizados en el G-20 bajo la presidencia de Brasil.
Sin embargo, un simple impuesto del 2% a la riqueza de las 3.000 personas más ricas del mundo podría proporcionar protección social a 820 millones de personas empobrecidas, una solución que sigue sin explorarse adecuadamente.
La falta de acción y la inercia han permitido que sectores con intereses particulares, como la industria fósil y la del armamento, frenen transformaciones necesarias, priorizando beneficios a corto plazo sobre el bien común. Además, nuevos movimientos anti-Agenda 2030 han proliferado, extendiendo discursos regresivos que socavan cualquier propuesta de cambio.
En este contexto, el secretario general de la ONU ha hecho un llamado a restaurar la confianza en el multilateralismo y a inyectar un nuevo impulso hacia 2030, especialmente en eventos clave como la Cumbre del Futuro y la Conferencia de Financiación para el Desarrollo de Sevilla.
Los próximos cinco años son cruciales para determinar si la humanidad se dirige hacia un retroceso o si se puede lograr un cambio decisivo hacia un mundo más justo y sostenible. No podemos resignarnos a que la Agenda 2030 quede como una promesa incumplida; es vital activar las transformaciones necesarias para poner la vida en el centro de nuestras prioridades.
España y la Unión Europea tienen la responsabilidad de liderar en esta dirección, fomentando la cooperación y el multilateralismo. La historia reciente demuestra que la transformación es posible, pero requiere un compromiso firme con la participación civil, cada vez más restringida a nivel global.
El reto actual es doble: prevenir retrocesos y abrir nuevos horizontes. Con los riesgos latentes y las capacidades existentes, el futuro debe ser compartido, digno y seguro para todas las personas. En definitiva, el futuro será en común o no será.
Enrique Segovia, director de Conservación en WWF España; Montse Pineda, directora de Creación Positiva; y Valeria Méndez de Vigo, del departamento de Incidencia Política y Alianzas de CONVIVE Fundación Cepaim, forman parte del grupo motor de Futuro en Común.
