El Gobierno argentino ha llevado a cabo una notable reducción de su plantilla pública, eliminando más de 53 345 empleos en un periodo de apenas 20 meses. Desde que Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023, su administración ha implementado una política de ajuste que ha tenido un impacto directo en el empleo del sector público. Este recorte, el más significativo en décadas, ha sido justificado por el Gobierno como una medida necesaria para reducir el déficit y fomentar la inversión privada.
Según cifras proporcionadas por el Ministerio de Desregulación, la Administración Pública Nacional ha disminuido su personal en un 15,1%, lo que equivale a la salida de 31 114 empleados. En paralelo, las empresas estatales han visto un recorte de personal aún más drástico, del 18,5%, con 16 886 puestos menos. De este modo, el Estado argentino ha pasado de contar con 296 716 trabajadores en 2023 a 248 710 en la mitad de 2025.
El plan de ajuste ha generado un intenso debate sobre sus consecuencias sociales y laborales. A pesar de los ahorros anunciados, que ascienden a 2 106 millones de dólares, las críticas desde sindicatos y sectores opositores se centran en la pérdida de calidad de los servicios públicos y el aumento de la conflictividad laboral. El informe oficial detalla que el Estado ha dejado de pagar 1 053 millones de dólares en salarios, cifra que se duplica si se incluyen otros gastos operativos.
Impacto en el empleo y la economía
El recorte de personal ha afectado a diversos regímenes de contratación. Los empleados permanentes y transitorios han disminuido en un 9,4%, mientras que otros tipos de contratación han sufrido un descenso del 22,1%. Los trabajadores autónomos vinculados al Estado han sido los más perjudicados, con una caída del 52,4% en sus números. Esta situación plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones en un contexto de crisis económica estructural.
El ministro de Economía, Federico Sturzenegger, ha defendido el recorte argumentando que “el costo total de cada empleado duplica su salario”, una afirmación que el Gobierno utiliza para resaltar la magnitud del ahorro. Sin embargo, el impacto a largo plazo de estas medidas sigue siendo incierto, y la administración de Milei refuerza su mensaje de que «la política de la motosierra» es irreversible.
Desafíos a futuro
Mientras el Gobierno celebra el ahorro generado, las tensiones sociales aumentan y se plantean dudas sobre la sostenibilidad de esta estrategia. La erosión de los servicios públicos esenciales podría tener efectos adversos en la calidad de vida de los ciudadanos y en la estabilidad social. En un país que enfrenta desafíos económicos significativos, el balance entre la reducción del déficit y la preservación de servicios públicos se convierte en un tema crucial para el futuro de Argentina.
