Las organizaciones del sector de la ingeniería privada han decidido tomar acciones legales contra el Estado por lo que consideran «prácticas anticompetitivas». Según estas patronales, se han producido abusos en la adjudicación de contratos directos a las ingenierías públicas Ineco y Tragsatec, los cuales son considerados medios propios de la administración.
La CIES, que representa a diversas asociaciones regionales de ingenieros en España, ha presentado una denuncia ante la Dirección General de Competencia de la Unión Europea, que dirige la española Teresa Ribera. La denuncia argumenta que las tarifas de Ineco superan los precios de mercado, lo cual podría constituir una forma de ayuda de Estado. Desde CIES han manifestado su expectativa de que las autoridades comunitarias convoquen una vista pública sobre el caso.
Por otro lado, la patronal Asica y la asociación de la construcción Fadeco han interpuesto un recurso contencioso administrativo contra Adif en el Tribunal Central de Madrid. Este recurso se centra en la decisión de Adif de encargar a Ineco la redacción de estudios y proyectos para la integración del ferrocarril en Jaén, con un presupuesto de 1,82 millones. Las empresas denunciantes afirman que solicitaron a Adif que utilizara los canales de licitación habituales, pero su petición fue ignorada.
Los representantes de Ineco defienden la legalidad de estos encargos, alegando que Adif está legitimado para contratar directamente, dado que la mayor parte de su presupuesto se gestiona a través del régimen tradicional de licitación. Sin embargo, las ingenierías privadas sostienen que estos encargos a Ineco y Tragsatec generan sobrecostes, ya que estas empresas a menudo tienen que subcontratar trabajos debido a la falta de recursos y personal, lo que afecta las arcas públicas.
La tensión entre el sector privado y el público ha aumentado tras la reciente decisión de la comunidad autónoma de Canarias, que se ha convertido en accionista de Ineco, participando en su consejo de administración. Este movimiento ha sido interpretado por las ingenierías privadas como un precedente que podría llevar a otras comunidades a reclamar un estatus similar, lo que podría consolidar a Ineco como su ingeniería de referencia.
Fuentes cercanas a Ineco han señalado que no han buscado activamente este cambio, pero reconocen que las administraciones territoriales ven en la empresa un aliado no solo en el ámbito del transporte, sino también en otros servicios de consultoría. La entrada de las comunidades autónomas en el accionariado de Ineco representa un cambio significativo en la gestión de esta empresa, que históricamente ha estado controlada por Adif, Renfe y Enaire.
