España está atravesando una preocupante crisis en el ámbito de las patentes dentro del sector agroindustrial. A pesar de su capacidad para generar innovación en agricultura y en la industria agroalimentaria, el país presenta una tasa de solo 2,2 patentes por cada 1.000 millones de euros de facturación, lo que representa un 67% menos que la media en Europa. Este déficit pone de manifiesto serias deficiencias en inversión, financiación y en la conexión entre el mundo científico y el empresarial.
El Institut Cerdà señala que, aunque España es capaz de producir un gran volumen de conocimiento, enfrenta desafíos significativos al intentar convertir esa información en innovación protegida. La dificultad no radica en la escasez de ideas, sino en la complejidad y el elevado costo de los procesos de obtención de patentes. Los gastos relacionados con la redacción técnica, tasas, defensa legal y protección internacional pueden ascender a decenas de miles de euros, lo que resulta prohibitivo para muchas pequeñas y medianas empresas (pymes) que dominan el tejido productivo español.
Como consecuencia, muchas de estas empresas eligen mantener sus desarrollos en secreto o apresurar su llegada al mercado sin asegurar la propiedad intelectual, lo que podría ofrecer beneficios a corto plazo pero limita la creación de ventajas competitivas sostenibles.
La desconexión entre ciencia e industria es otro de los problemas que se presenta. España ha incrementado su producción de investigación aplicada; en 2018, había 19 publicaciones científicas por cada patente en el sector agroalimentario, cifra que se ha elevado a 32 en 2024. Este aumento indica que, aunque la ciencia avanza a buen ritmo, la transferencia de ese conocimiento hacia la innovación industrial se ha vuelto más lenta. Aunque existe colaboración entre universidades y centros tecnológicos, el verdadero desafío es transformar ese conocimiento en patentes y productos competitivos a nivel global.
En comparación, Estados Unidos destaca por su inversión sistemática en investigación y desarrollo (I+D+i) y una cultura de protección industrial que permite que la investigación se traduzca en patentes y productos que generan empleo de alto valor añadido. España podría seguir un camino similar si logra mejorar la articulación entre el ámbito académico y el empresarial, fortaleciendo las incubadoras de innovación, proporcionando asesoramiento legal y ofreciendo incentivos fiscales a las pymes.
Otro aspecto crítico es la escasa inversión en innovación. En 2024, la cadena agroindustrial dedicó solo el 1,3% de su valor añadido bruto a I+D+i, y el sector agrícola apenas alcanzó el 0,36%, cifras que se quedan muy por debajo de los estándares europeos. Más del 30% de las empresas reconocen la falta de fondos propios y las dificultades para acceder a financiación externa como barreras significativas para la innovación. Estas limitaciones estructurales obstaculizan la capacidad de convertir ideas en patentes, comprometiendo a largo plazo la competitividad del sector.
La solución para esta problemática no se limita a incrementar los recursos económicos, sino que implica simplificar los procesos de obtención de patentes, crear líneas de financiación accesibles para las pymes y fomentar la colaboración público-privada para que la innovación se traduzca en productos protegidos y escalables. Fortalecer la protección de la innovación en un país donde el sector agroalimentario es un pilar económico y cultural es esencial para asegurar que las ideas no se queden solo en el papel, sino que contribuyan a la economía y al conocimiento global.
El desafío es monumental, pero no imposible. Si España logra cerrar la brecha de patentes, estará cultivando un futuro más competitivo, sostenible y justo para todos los actores del sector, desde investigadores hasta productores y consumidores.
