El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha anulado los criterios obligatorios establecidos en la directiva para la fijación de salarios mínimos, tras el recurso presentado por Dinamarca y respaldado por Suecia. Según el fallo, la directiva representa una «injerencia directa» en competencias nacionales exclusivas, como la determinación de las remuneraciones y el derecho de asociación y sindicatura.
A pesar de validar la mayor parte de la directiva, el TJUE ha declarado nulos los puntos 2 y 3 del artículo 5, lo que deja sin efecto el marco que la normativa había diseñado para establecer salarios mínimos legales adecuados. Aunque la directiva no especifica cifras concretas en los criterios ahora anulados, sí exige que los Estados miembros consideren «al menos» el poder adquisitivo de los salarios mínimos, así como el coste de la vida, la cuantía general de los salarios, su distribución, la tasa de crecimiento de los salarios y la evolución de la productividad nacional a largo plazo.
Anulación del mecanismo automático de indexación
Además de eliminar esta lista de criterios, la sentencia del TJUE también revoca la referencia que permitía a los países implementar un «mecanismo automático de ajuste de indexación» de los salarios mínimos legales, siempre que no conlleve una disminución del salario mínimo legal. Este mecanismo estaba destinado a ser ajustado de acuerdo con criterios apropiados y en conformidad con el derecho y usos nacionales.
Actualmente, 22 de los 27 países de la Unión Europea cuentan con un salario mínimo nacional, mientras que solo Dinamarca, Suecia, Italia, Austria y Finlandia no aplican un marco de este tipo. Según datos de Eurostat de julio, el salario mínimo mensual varía significativamente entre los países del bloque, desde los 551 euros en Bulgaria hasta los 2 704 euros en Luxemburgo.
En el caso de España, el salario mínimo nacional se sitúa en 1 381 euros en doce pagas, posicionando al país en la mitad de la tabla europea. Esta decisión del TJUE podría tener un impacto considerable en la política salarial de los Estados miembros, especialmente en aquellos donde los salarios mínimos son un tema de debate político constante.
