La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, ha aprobado una reforma constitucional que transforma de manera significativa el sistema político del país. Con 57 votos a favor de los 60 diputados que componen el Parlamento, esta iniciativa permite al mandatario optar a reelecciones indefinidas, amplía la duración del mandato presidencial a seis años y elimina la segunda vuelta electoral.
El paquete de reformas afecta varios artículos de la Constitución, incluidos aquellos que establecían límites a la reelección consecutiva. Además, adelanta el final del actual mandato presidencial de Bukele de 2029 a 2027, de modo que las elecciones presidenciales se celebren al mismo tiempo que las legislativas y municipales en ese año. La diputada oficialista Ana Figueroa, defensora de la propuesta, argumentó que “que el pueblo decida cuántas veces elige”, afirmando que todos los cargos de elección popular permiten la reelección, excepto la presidencia.
Desde la oposición, los partidos ARENA y Vamos han denunciado el procedimiento acelerado, que se llevó a cabo sin consulta pública ni debate, y han alertado sobre un grave retroceso institucional. “Hoy enterramos la democracia en El Salvador”, lamentó Marcela Villatoro, diputada de ARENA. Su compañero, Francisco Lira, comparó esta situación con experiencias autoritarias en América Latina y recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera la reelección indefinida contraria a los principios democráticos. La organización Human Rights Watch también ha expresado su preocupación, advirtiendo que El Salvador está “siguiendo los pasos de regímenes donde la concentración de poder ha derivado en dictaduras”.
Un trasfondo de tensión política
La reforma se inscribe en un contexto político tenso, marcado por un régimen de excepción que el Gobierno ha mantenido desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas. Bajo esta medida extraordinaria, se han registrado más de 87 000 detenciones. Sin embargo, organizaciones como Cristosal han denunciado miles de arrestos arbitrarios, acusando al Ejecutivo de criminalizar la disidencia. La política de mano dura contra el crimen ha elevado la popularidad de Bukele, aunque también ha suscitado críticas por violaciones a derechos humanos y la falta de controles institucionales.
El presidente ha respondido con firmeza a las acusaciones de autoritarismo, afirmando que “me da igual que me llamen dictador”. Según Bukele, conceptos como democracia o derechos humanos son utilizados, en sus palabras, como herramientas para limitar la soberanía de los países. Con esta reforma, no solo podría mantenerse indefinidamente en el poder, sino que su partido se beneficiaría de la eliminación de la segunda vuelta, reduciendo así la posibilidad de una alianza opositora efectiva.
La reforma debe ser ratificada por la misma legislatura en una segunda votación, un trámite que se da por hecho dada la mayoría del oficialismo. Además, está previsto que el Parlamento vote una nueva prórroga del régimen de excepción. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos siguen de cerca estos acontecimientos, preocupadas por la deriva autoritaria del país centroamericano y la erosión de su sistema democrático.
