El 14 de julio de 2023, el Gobierno español y la Generalitat de Cataluña firmaron un acuerdo de financiación singular que ha generado un intenso debate político y mediático. Esta controversia gira en torno al privilegio fiscal de Cataluña, que permite la transformación de la Agencia Tributaria en un instrumento para la soberanía fiscal catalana, lo que ha suscitado críticas sobre la transferencia de impuestos y el trato preferencial hacia esta comunidad autónoma.
Un acuerdo polémico
Para comprender la magnitud del acuerdo, es esencial recordar los antecedentes que llevaron a esta firma. En el otoño de 2023, las negociaciones entre el PSOE y los partidos independentistas Junts y ERC fueron clave para lograr la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Junts exigió un «mecanismo internacional» para supervisar el proceso de negociación, mientras que ERC buscaba la aprobación de la Ley de Amnistía y la condonación de más de 14 000 millones de euros de deuda autonómica.
Desde entonces, parece que la Generalitat ha tomado el control, y el Estado ha pasado a ejecutar sus demandas. En el nuevo acuerdo de financiación, se afirma que Cataluña ha asumido más competencias en comparación con otras comunidades, lo que se presenta como un «hecho diferencial» que justifica un trato bilateral.
Intereses contradictorios
Entre las afirmaciones del pacto, se menciona que la Generalitat contribuirá al Estado por los servicios que presta, así como de forma solidaria a otras comunidades. Sin embargo, se destaca un aspecto que no debe pasarse por alto: la aportación debe calcularse con criterios objetivos para no alterar el principio de ordinalidad. Esto implica que las comunidades que más contribuyan por habitante deben recibir proporcionalmente más del sistema de financiación, una medida que podría beneficiar a Cataluña a expensas de regiones como Asturias o Extremadura.
A pesar de que los gobiernos autonómicos tienen plena autonomía fiscal para ajustar impuestos, la Generalitat ha logrado acuerdos que refuerzan su posición en el marco del sistema financiero español. El principio de ordinalidad, que se aplica en países como Alemania o Canadá, no parece tener cabida en el actual sistema de financiación autonómica en España, lo que genera una disparidad que favorece a algunas comunidades como Cataluña.
Adicionalmente, se incluye en el acuerdo la introducción de mecanismos para limitar la competencia fiscal a la baja, lo que ha despertado críticas, especialmente porque Salvador Illa, líder del PSC, propuso en su momento una significativa bajada de impuestos tras la condonación de la deuda de Cataluña.
El panorama se complejiza aún más cuando se analizan las aspiraciones de Cataluña de mejorar su financiación, buscando un mayor espacio para la bilateralidad que, según el texto del acuerdo, es compatible con una reforma general del sistema de financiación de las comunidades autónomas. Este enfoque parece abarcar todo: singularidad, suficiencia y un reconocimiento de la multilateralidad, pero resulta difícil de conciliar con los intereses de otras regiones.
En conclusión, el acuerdo de financiación singular firmado el 14 de julio representa un punto álgido en la relación entre el Estado y las comunidades autónomas, revelando tensiones que podrían tener repercusiones significativas en el futuro del sistema de financiación en España. El debate sobre el privilegio fiscal de Cataluña no solo plantea interrogantes sobre la equidad en la distribución de recursos, sino que también pone de manifiesto la complejidad de las relaciones políticas en un país con múltiples identidades y aspiraciones.
