Las comunidades autónomas han expresado su desconfianza hacia el reciente plan de la red eléctrica, después de que el Ministerio de Transición Ecológica anunciara una nueva propuesta que no se publicó hasta ocho días después de su primer aviso en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 1 de octubre de 2023. Este retraso ha levantado sospechas de que la finalidad del mismo es premiar a Cataluña, cuyo encuentro con el ministerio fue descrito como tenso.
La primera publicación del ministerio fue un anuncio para someter a trámite la planificación eléctrica hasta 2030, mientras que la segunda, el 9 de octubre de 2023, incluyó la propuesta completa. En contraste, Cataluña ha mantenido en secreto los detalles de la concesión recibida, mientras que otras comunidades, como el País Vasco y Madrid, han hecho públicos los beneficios que obtendrán, siendo el primero de ellos beneficiado con aproximadamente cinco gigavatios y el segundo con unos seis.
La creciente demanda de conexión a la red eléctrica supera los 27,7 gigavatios propuestos por el Gobierno, lo que ha llevado a las regiones a temer que se queden fuera de proyectos industriales clave y planes de vivienda urgentes. La escasez en el mercado inmobiliario ha impulsado los precios de compra y alquiler, lo que añade presión a la situación.
El acceso a la conexión está limitado a una inversión de unos 13 600 millones de euros, lo que implica que si las comunidades desean más gigavatios, el ministerio deberá redistribuir recursos entre ellas o retirarles proyectos previamente aceptados. En la planificación publicada, se detallan inversiones para Cataluña que superan los 367 millones de euros, incluyendo refuerzos para la electrificación y la integración de energías renovables, así como la mejora de la red de transporte en el Polo Químico de Tarragona.
Cataluña se ha propuesto cumplir con su plan de generación renovable, el Proencat 2050, que busca cubrir el 2% de su territorio con energía fotovoltaica y eólica. La posible prórroga de sus centrales nucleares también se considera como una estrategia para mantener un mix energético estable y atraer inversiones en la región.
El País Vasco ha defendido su cuota eléctrica, argumentando su músculo industrial y la saturación de los nudos actuales. Sin embargo, la reciente distribución de la nueva red nacional ha generado malestar entre las comunidades autónomas, que ven en riesgo su futuro industrial y habitacional.
En este contexto, todas las comunidades están a la espera de la planificación final, que se espera para enero de 2026. Hasta el 16 de diciembre de 2025, las comunidades podrán presentar alegaciones a la propuesta, lo que podría influir en la futura configuración de la red eléctrica nacional.
