El juicio seguido contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha generado una gran expectación en la sociedad española, marcada por la división y la crispación. La sentencia que emita el Tribunal Supremo no solo será un veredicto sobre la conducta del fiscal, sino también un reflejo del estado de la justicia en el país. A pesar de que muchos no leerán el auto judicial ni conocerán los fundamentos jurídicos, las reacciones en redes sociales y medios de comunicación no tardarán en llegar, influidas por la ideología de cada uno.
Un punto clave en este proceso es la naturaleza del famoso correo que se investiga. Si este fuera público, no existiría delito, algo que todavía no se ha probado. Las afirmaciones de algunos periodistas que aseguran haber tenido acceso al contenido de dicho correo antes que la Fiscalía tienen un valor limitado, dado que no han presentado pruebas que respalden sus declaraciones, amparándose en su derecho a no revelar fuentes. La falta de publicación previa por parte de estos periodistas también genera dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones.
Cuestionamientos sobre la investigación
La defensa de García Ortiz argumenta que hasta 600 personas tuvieron acceso al correo, lo que podría dar pie a una posible filtración. Sin embargo, esta afirmación se sostiene de forma endeble, ya que es poco probable que el fiscal Julián Salto fuera el encargado de salir del fútbol a las 22:00 horas para obtener información que podría haber sido proporcionada por cualquiera de las otras 599 personas con acceso. Cuando alguien tiene acceso a una carpeta compartida con información reservada, es habitual que deje huella, algo que la Fiscalía no investigó adecuadamente. La jefa de inspección alegó falta de tiempo, aunque algunos interpretan que fue falta de interés.
El borrado de teléfonos y correos por parte de García Ortiz se presenta como un indicio preocupante. Alguien con su formación y responsabilidad debería ser consciente de las implicaciones de eliminar mensajes cuando el Supremo solicita sus dispositivos. La única razón lógica para esta acción sería que la información eliminada complicaba aún más su situación. A pesar de que la fiscal provincial Pilar Rodríguez no está imputada por seguir órdenes y no borrar su teléfono, su caso ha permitido a los investigadores descubrir que parte de la información que destruyó García Ortiz estaba vinculada al caso de la filtración.
Un juicio que trasciende lo personal
Es importante resaltar que, aunque cualquiera puede borrar su teléfono y correos, siempre queda alguna huella tecnológica, a menos que se realice con plena conciencia de las consecuencias, tal como sostiene la UCO. Resulta sorprendente que aquellos que claman sobre las cloacas del Estado sean los más interesados en que este juicio no avance. Muchos de estos individuos han orquestado un ataque coordinado contra cualquier elemento que pueda cuestionar la inocencia del fiscal, buscando forzar una sentencia absolutoria.
En caso de que la sentencia declare culpable a García Ortiz, es probable que un grupo de partidarios clame que se trata de un caso de lawfare orquestado por la ultraderecha con la complicidad de jueces, mientras que si es declarado inocente, deslegitimarán el juicio, cargando contra quienes consideran responsables de su supuesta falsedad. Esto evidencia que, independientemente de la decisión del Tribunal, las tensiones políticas y sociales permanecerán.
La importancia de este juicio radica en que, sin importar la sentencia, tendrá un efecto purificador. Las autoridades y quienes ostentan el poder tendrán que reconocer que existen límites y que el imperio de la ley aún prevalece, recordándoles su enorme responsabilidad al manejar los instrumentos del Estado. En una democracia y un Estado de Derecho normal, el acceso al poder debería ser un proceso alternante y saludable.
Es comprensible que muchos españoles se sientan más intrigados por el reciente anuncio de la separación de los Javis que por el juicio del fiscal general, pero es un error. Este juicio es la base sobre la que se asientan las reglas que permiten nuestra convivencia y el correcto funcionamiento de la justicia.
Iñaki Garay es director adjunto de EXPANSIÓN.
