El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con sus socios para prohibir que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) sea repercutido a los inquilinos, así como para establecer un tope en el alquiler de habitaciones. Estas medidas son parte de las enmiendas transaccionales presentadas este martes a la proposición de ley para regular los alquileres de temporada y de habitaciones, impulsada conjuntamente por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, y que actualmente se encuentra en fase de ponencia.
Detalles de las nuevas regulaciones
En relación al tope de precios para el alquiler de habitaciones, los grupos parlamentarios PSOE, Sumar, ERC y Bildu han acordado que el precio de las habitaciones se regulará para que la suma de estas no supere el límite establecido para los pisos. En el caso de los grandes tenedores, el alquiler inicial estará vinculado al índice de referencia de precios estipulado por la Ley de Vivienda. Además, los arrendatarios contarán con las mismas garantías que si tuvieran un contrato de alquiler habitual de un piso entero.
Otra de las enmiendas aprobadas busca reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos, prohibiendo cualquier nueva condición contractual que implique al inquilino el pago de «cuotas, gastos generales, servicios, impuestos, tasas, cánones, contribuciones especiales u otros conceptos análogos que no estuviesen recogidos en el contrato anterior». Con estas modificaciones, los contratos de alquiler de temporada o de habitaciones tendrán las mismas garantías que un contrato de arrendamiento habitual, incluyendo la prohibición de cobrar honorarios al inquilino y la regulación de los precios.
Clasificación y duración de los alquileres
Las viviendas de alquiler por un periodo inferior a 31 días se clasificarán como viviendas de corta duración o turísticas, sometiéndose a las obligaciones de registro y de información de las plataformas, siguiendo las normativas europeas y nacionales. Por otra parte, los alquileres temporales solo podrán formalizarse por un máximo de 12 meses si se justifica la causa; de lo contrario, los contratos se convertirán automáticamente en contratos de cinco o siete años.
Las comunidades autónomas tendrán la capacidad de conservar y desarrollar sus derechos civiles en materia de vivienda, así como ejercer plenamente sus competencias.
A pesar de los avances en la ponencia, el futuro de esta ley aún está en juego. Aunque ha contado con el apoyo de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos, el texto deberá pasar por la Comisión de Vivienda y luego al Pleno, donde Junts podría aliarse con PP y Vox para bloquear la legislación. Desde Esquerra Republicana, se celebró la continuación del trámite legislativo, pero se advirtió que es crucial que las formaciones que no han apoyado esta propuesta no obstaculicen lo que consideran una mejora en las garantías y la seguridad jurídica para los inquilinos.
