La reciente normativa del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha obligado a miles de autónomos en Canarias a instalar medidores de gas radón en sus negocios, especialmente aquellos ubicados a ras de calle. Esta medida surge tras la aprobación de la instrucción IS-47, que desarrolla el Real Decreto 1029/2022 sobre la protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, y afecta a todos los centros de trabajo en zonas consideradas de riesgo.
En total, 50 municipios de un total de 88 en el archipiélago están obligados a implementar estas medidas. Todos ellos están situados en Gran Canaria y Tenerife, y se encuentran en la zona II, donde la presencia de gas radón supera los 300 Bq/m3, lo que requiere una actuación prioritaria. El gas radón, un gas radiactivo e incoloro, se filtra del suelo y puede acumularse en espacios cerrados, generando un riesgo significativo para la salud de los ocupantes.
El impacto en los negocios locales
La instalación de los medidores es un gasto adicional que muchos autónomos no esperaban. J.Z., propietario de un negocio en Arucas, señaló que recibió un correo electrónico de su empresa de prevención de riesgos laborales informándole sobre la necesidad de realizar esta instalación. En su caso, deberá desembolsar alrededor de 400 euros para instalar cuatro contadores en su establecimiento, que operarán durante tres meses.
Una vez finalizado este periodo, se llevará a cabo un análisis de los resultados, y será el propio autónomo quien tenga que supervisar el funcionamiento de los dispositivos. “Es otra obligación y otro gasto más para los autónomos que no dejamos de sumar exigencias”, se quejó J.Z.
Repercusiones sanitarias y normativas
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el radón es la segunda causa de cáncer de pulmón, solo detrás del tabaco. En España, se estima que provoca más de 1 500 muertes al año, lo que subraya la importancia de estas medidas. La normativa establece que si los niveles superan los 300 Bq/m3, será necesario tomar soluciones constructivas, incluyendo la instalación de barreras mediante pavimentos certificados.
David Rodríguez, responsable de la empresa Molins, destacó la necesidad de medir este “riesgo silencioso”, ya que el gas radón no es detectable por los sentidos humanos. “Más del 50% de la radiación que sufre un ser humano a lo largo de su vida se debe a los efectos del radón”, afirmó Rodríguez.
El Código Técnico de la Edificación (CTE) incluye directrices específicas para mitigar los efectos del gas radón en nuevas construcciones, rehabilitaciones y cambios de uso, como la instalación de membranas que eviten su entrada. Rodríguez aboga por aprovechar la rehabilitación del parque alojativo turístico de Canarias para implementar estas medidas, mejorando así su competitividad en términos de salud frente a otros destinos turísticos.
Existen diversas soluciones, como sistemas de descompresión del terreno que reducen la presión y desvían el radón. En comparación, otros países como el Reino Unido establecen límites más estrictos, fijándolos en 220 Bq/m3, mientras que la OMS sugiere un límite de 100 Bq/m3.
La implementación de estas medidas no solo busca proteger la salud de los trabajadores y clientes, sino que también representa un reto y una oportunidad para los autónomos de Canarias, quienes deberán adaptarse a esta nueva normativa para garantizar la seguridad en sus establecimientos.
