El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera lectura el anteproyecto de ley del estatuto del becario, un paso significativo en la regulación de las prácticas extracurriculares en España. Este acuerdo, según fuentes cercanas a la decisión, busca reducir las prácticas extracurriculares a un máximo de 480 horas, lo que representa la mitad de las horas permitidas en la actualidad.
El Ministerio de Trabajo presentó en junio de 2023 este anteproyecto con la intención de aliviar la precariedad que sufren los becarios. A pesar de contar con el respaldo de los sindicatos UGT y CC OO, la propuesta fue rechazada por las patronales y los rectores de universidad, quienes consideraron que el texto estaba “verde” y necesitaba “trabajo técnico”. Ahora, casi dos años y medio después, se da un primer paso hacia su aprobación, aunque sin cambios sustanciales respecto al texto original que fue criticado por el PSOE.
Retos legislativos y críticas al estatuto
La vicepresidenta segunda y responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, ha insistido en la importancia de esta norma a lo largo de los años. Sin embargo, el camino hacia su promulgación no estará exento de obstáculos en el Parlamento, ya que se prevé un trámite complicado en el que el rechazo de varios socios de Gobierno, como el PNV, ERC, Bildu y el reciente portazo de Junts, añade incertidumbre.
El estatuto también propone un régimen sancionador que podría imponer multas de hasta 225.000 euros por incumplimientos graves y requiere que las empresas cubran los gastos del estudiante, como el transporte. Sin embargo, esta compensación no se extiende a los becarios que ya reciben una nómina, lo que ha suscitado críticas sobre la posibilidad de que las empresas eviten dicha responsabilidad.
La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) manifestó en una carta a Díaz su preocupación por la falta de compromiso de las empresas para compensar estos gastos, temiendo que recaigan sobre las universidades. A pesar de estas críticas, los sindicatos han moderado sus demandas originales en busca de un acuerdo con las patronales, lo que llevó a la presentación del acuerdo en junio, justo antes de las elecciones generales de 2023.
Expectativas y futuras negociaciones
A pesar de la aprobación inicial, el anteproyecto deberá pasar por una segunda lectura en el Consejo de Ministros, lo que podría demorar su entrada en vigor. Durante este periodo, se realizarán diversas evaluaciones e informes necesarios, un proceso que en ocasiones anteriores ha llevado varios meses.
Paralelamente, el Ministerio de Trabajo también está trabajando en una reforma del régimen de despido, en respuesta a las recomendaciones del Consejo de Europa, que aboga por un sistema de indemnizaciones que contemple las circunstancias personales de los trabajadores. Esta propuesta, sin embargo, se enfrenta a la oposición de las patronales, que rechazan cualquier cambio que no esté respaldado por una ley.
La situación se complica aún más con la reciente ruptura del pacto de investidura por parte de Junts, lo que disminuye las posibilidades de que el estatuto del becario, y otras reformas laborales, sean aprobadas en el futuro cercano. El ministerio ha manifestado su compromiso de seguir avanzando en la regulación de las prácticas, pero la falta de consenso podría prolongar la espera de los becarios por un marco normativo que proteja sus derechos.
