El Ayuntamiento de Camargo ha decretado la paralización de la actividad de la empresa Valoria, ubicada en Cacicedo, obligando a su cierre tras una resolución emitida el pasado jueves. Esta decisión se fundamenta en dos sentencias judiciales firmes de abril de 2025 que obligan a la compañía a cesar su funcionamiento y a interrumpir los suministros.
El cartel que indicaba «precintado» recibió a los camioneros que transportaban residuos de obra y materiales industriales a la planta, que se vio obligada a cerrar sus puertas. Según el Consistorio, la clausura está relacionada con los daños estructurales que sufrió la nave tras un incendio en 2022, que, según afirman, no han sido completamente reparados.
Controversia y acusaciones entre Valoria y el Ayuntamiento
Desde el Ayuntamiento se ha señalado que la empresa fue requerida en varias ocasiones para restaurar las condiciones que garantizaran la seguridad de sus trabajadores, sin que se llevaran a cabo las obras necesarias. Sin embargo, los responsables de Valoria han negado estas afirmaciones, argumentando que no se ha realizado ninguna inspección municipal desde el incendio y que todos los daños han sido subsanados. De hecho, aseguran que han implementado «sistemas de última generación» para garantizar la seguridad.
La empresa también ha indicado que solo les queda pendiente la autorización municipal para un enganche de agua que les permitiría aumentar la presión en sus instalaciones, una solicitud que lleva sin respuesta durante cinco meses, mientras que otras naves cercanas obtuvieron la misma licencia en menos de un mes.
El equipo de gobierno municipal, liderado por el popular Diego Movellán, no solo vincula el cierre a los daños del incendio, sino que también resalta el gran número de quejas vecinales. Con más de 200 denuncias formales registradas, el Ayuntamiento ha instado repetidamente a Valoria a retirar acopios de residuos que superan lo autorizado en su licencia.
Impacto del cierre en la comunidad y acciones legales
A pesar de reconocer que hay quejas vecinales relacionadas con el tráfico de camiones, los gestores de Valoria sostienen que el precinto de su planta no está relacionado con estas denuncias, sino exclusivamente con los daños del incendio. Ante esta situación, la empresa ha anunciado que tomará medidas legales para poner fin a lo que consideran un “acoso injustificado” por parte del Ayuntamiento.
Además, han solicitado medidas cautelares al juez para reanudar su actividad lo antes posible, advirtiendo que la situación actual podría provocar una «catástrofe». Valoria también ha señalado que el cierre no solo afecta a la empresa, sino que impacta negativamente en las grandes empresas de construcción e industrias de la región, que dependen de sus servicios. Sin una solución, estas empresas se ven obligadas a buscar alternativas en el País Vasco o a devolver sus desechos, saturando así sus sistemas de gestión.
El gobierno municipal ha reiterado que el cierre de cualquier empresa es una mala noticia que se busca evitar, pero que la seguridad de los trabajadores y el cumplimiento de la normativa son prioridades que no se pueden comprometer.
