El Ministerio de Vivienda ha declarado este martes a A Coruña como zona de mercado residencial tensionado, convirtiéndose en el primer municipio de Galicia en recibir esta calificación. Esta decisión, que entra en vigor este miércoles, permitirá aplicar limitaciones al precio del alquiler, así como bonificaciones fiscales para los propietarios y medidas de intervención destinadas a facilitar el acceso a la vivienda.
La aprobación de esta medida se produce tras la aceptación de la petición del Concello de A Coruña por parte de la Xunta de Galicia el pasado mes de mayo, y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Con esta declaración, A Coruña se convierte en la primera ciudad en una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular (PP) en implementar estas regulaciones, que ya se han aplicado en otras regiones como Cataluña.
Implicaciones de la regulación
La medida supone la activación de mecanismos legales establecidos en la Ley de Vivienda, diseñada para hacer frente al incremento desmedido de los precios de los alquileres. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, destacó que en Cataluña, donde estas medidas se han implementado durante más de un año, se ha logrado reducir el precio de los alquileres sin disminuir la oferta.
Entre las principales limitaciones, se establece que los propietarios no podrán elevar el precio del alquiler sin justificación al renovar o firmar un nuevo contrato. El coste deberá mantenerse igual al contrato anterior, a menos que se realicen reformas significativas en la vivienda. En caso de que el propietario sea un gran tenedor, es decir, posea más de diez viviendas en alquiler, deberá fijar el precio conforme a un índice de referencia estatal, consultable en la web oficial del Ministerio.
Medidas adicionales y beneficios fiscales
Además de limitar el precio de los alquileres, la declaración obliga al Concello a elaborar un plan de actuación específico que fomente la creación de más viviendas públicas de alquiler y la rehabilitación de inmuebles vacíos. También se busca evitar la especulación y el uso turístico de las viviendas residenciales, para lo cual se ha previsto acabar con el 80% de los alojamientos turísticos en la ciudad.
Los propietarios que ajusten sus precios a la baja en zonas tensionadas podrán beneficiarse de importantes deducciones fiscales. Estas bonificaciones, que pueden alcanzar hasta el 90% en la declaración del IRPF si se reduce el alquiler en un 5%, están diseñadas para incentivar a los propietarios a mantener precios asequibles.
Las medidas están en vigor con una duración inicial de tres años, prorrogables, y se aplicarán de manera automática a todos los contratos de alquiler en la ciudad. Esta regulación supone un paso significativo en la lucha contra la crisis de acceso a la vivienda que enfrenta A Coruña y otras localidades españolas.
La noticia ha sido valorada positivamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien la mencionó en una rueda de prensa tras su reunión con el rey Felipe VI, aunque algunos miembros del PP como el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, han mostrado escepticismo ante su implementación.
