LaLiga ha dado un paso significativo en su lucha contra la piratería de los partidos de fútbol. Recentement, un juez de Córdoba ha dictado dos autos cautelares que exigen a dos de los principales proveedores de servicios VPN que bloqueen de manera inmediata las señales de retransmisión de partidos que se consideran ilegales, las cuales son enviadas por LaLiga y Telefónica.
Esta decisión judicial responde a la necesidad de cerrar una de las lagunas legales en la estrategia implementada por el organismo presidido por Javier Tebas. Según estimaciones de LaLiga, la piratería tiene un impacto negativo de al menos 600 millones de euros anuales sobre los clubes y los titulares de los derechos de televisión.
La iniciativa judicial se enmarca en un contexto en el que el Gobierno de España ha mostrado interés en combatir la difusión ilegal de contenidos deportivos. Este fortalecimiento de la estrategia de LaLiga se consolidó el 18 de diciembre de 2024, cuando el juzgado mercantil número 6 de Barcelona emitió una sentencia que permite a LaLiga solicitar a empresas como Telefónica, Vodafone, MasOrange y Digi el bloqueo inmediato de las direcciones IP que están involucradas en la emisión ilegal de partidos.
El denominado ‘war room’ de LaLiga tiene la capacidad de identificar en tiempo real las señales ilegales, lo que facilita el proceso de notificación a los proveedores de internet para que actúen con rapidez. Sin embargo, la naturaleza del internet presenta desafíos, ya que existen múltiples maneras de eludir las restricciones, lo que complica el cese definitivo de estas actividades.
En su búsqueda de colaboración, LaLiga ha intentado trabajar con empresas que ofrecen servicios de ‘escudo digital’, como Cloudfare, que ocultan las IPs originales de los usuarios. Esto es relevante, ya que las VPN permiten a los usuarios simular su ubicación, facilitando el acceso a contenido que podría estar restringido geográficamente.
Los autos emitidos por el juez argumentan que es esencial que las resoluciones adoptadas por los tribunales españoles sean efectivas. Así, se señala que es necesario que los proveedores de servicios VPN adopten las medidas técnicas adecuadas para evitar accesos no autorizados a contenido ilegal, especialmente considerando que estas infracciones ocurren de manera regular, cada fin de semana.
El juez ha decidido tomar estas medidas cautelares sin escuchar previamente a los proveedores demandados, una acción justificada por la urgencia del caso y el riesgo de dilatación en el proceso judicial. LaLiga ha manifestado su satisfacción por estas decisiones, considerándolas «inauditas en España y pioneras a nivel mundial», destacando así la efectividad de los procedimientos utilizados hasta el momento en su lucha contra la piratería.
Finalmente, el juez ha instado a las empresas implicadas a que «procedan a implementar de forma inmediata en sus sistemas internos las medidas oportunas para que todas las direcciones IP» sean inaccesibles a los usuarios ubicados en territorio español. Esta capa adicional de protección es vista por LaLiga como un avance crucial en su esfuerzo por salvaguardar los derechos de transmisión y garantizar la integridad de la competición.
