La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando a la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) tras descubrir que esta entidad financió con **1,3 millones de euros** un proyecto de la empresa Cistec en **2021**, año en el que Leire Diéz asumió el cargo de consejera en la tecnológica. Esta ayuda, otorgada a través del **Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (Faiip)**, ha suscitado alarmas sobre posibles irregularidades en los procedimientos de contratación pública.
La intervención de la UCO incluye más de una veintena de registros, que abarcan desde un piso en la madrileña calle de **Diego de León**, donde se realizaban reuniones relacionadas con la trama, hasta las sedes de varias empresas públicas, incluyendo Forestalia y Enusa. La documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE revela que la ayuda a Cistec se concedió el **7 de julio de 2021**, coincidiendo con la adquisición por parte de Sepides del **25,5%** de la compañía.
La trayectoria de Leire Diéz y sus vínculos con el PSOE
Leire Diéz, apodada la «fontanera del PSOE», ocupó su cargo en Cistec hasta mayo de **2023**. Durante su gestión, la empresa reportó una facturación aproximada de **ocho millones de euros**, en gran parte gracias a contratos con administraciones públicas. Desde la empresa aseguran que Diéz no tuvo participación en la gestión de ayudas públicas ni licitaciones y que no recibió compensación económica por su cargo. En ese momento, además, Diéz trabajaba para Correos, otra entidad vinculada a la SEPI.
El Faiip, creado a finales de diciembre de **2020**, tenía como objetivo mitigar los efectos de la pandemia y sigue funcionando bajo la tutela del Ministerio de Industria y Turismo. Según la memoria de Sepides de **2021**, Cistec es descrita como una firma especializada en tecnología e innovación, enfocándose en la transformación digital y la mejora de infraestructuras tecnológicas.
Sospechas de corrupción y tráfico de influencias
Las autoridades sospechan que Diéz, junto con otros implicados, utilizó sus conexiones en la SEPI y otras entidades públicas para obtener comisiones ilegales. La UCO ha estimado que los amaños podrían superar los **132 millones de euros**. La investigación, que continúa bajo el secreto de sumario del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, ha llevado a la detención de varios individuos, incluido el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.
Diéz también está siendo investigada por tráfico de influencias y cohecho en otro juzgado de Madrid, donde el juez Arturo Zamarriego la identifica como líder de un grupo que buscaba información sensible sobre mandos de la UCO. El caso ha cobrado relevancia tras la difusión de audios en los que Diéz ofrece favores a un empresario condenado recientemente por la Audiencia Nacional.
La situación plantea serias preguntas sobre la integridad de las prácticas de contratación pública y el uso de recursos públicos, en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca en la administración pública.
