La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo que imponga una pena de 24 años de prisión al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, al considerarlo culpable de cinco delitos. Estas acusaciones incluyen pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada, todo en el marco de la presunta trama de mascarillas del caso Koldo.
Además de la condena de prisión, la Fiscalía ha reclamado una multa de 3,9 millones de euros. En el escrito de acusación, firmado por el jefe de la Fiscalía Especializada, Alejandro Luzón, se detalla que el juicio se centrará en las supuestas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia de COVID-19.
Acusaciones y penas solicitadas
Asimismo, la Fiscalía pide una condena de 19,5 años de cárcel para Koldo García, exasesor de Ábalos, por los mismos delitos, junto a una multa de 3,9 millones de euros. Ambas partes, Ábalos y García, tendrían que indemnizar conjuntamente a Ineco con 34.477,86 euros y a Tragsatec con 9.500,54 euros. También se solicita el decomiso de ganancias derivadas del cohecho por un valor mínimo de 430.298,4 euros.
En cuanto a Víctor de Aldama, empresario y presunto intermediario de la trama, la Fiscalía ha considerado la atenuante de confesión y ha pedido 7 años de prisión por tres de los delitos atribuidos a Ábalos y García, además de una multa de 3,8 millones de euros.
Detalles del juicio y contexto
El magistrado instructor, Leopoldo Puente, ha propuesto juzgar a los tres acusados al considerar que, poco después de que Ábalos asumiera el ministerio, se concertaron para beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos, aprovechando su influencia en la Administración Pública. Esta decisión se ha tomado tras la división de la causa en septiembre, donde se ha dejado en la pieza principal las investigaciones sobre los contratos de mascarillas, separando en otra pieza la presunta trama de comisiones relacionadas con obras públicas.
La gravedad de los delitos y las penas solicitadas reflejan la seriedad con la que se aborda este caso, que ha captado la atención de la opinión pública y ha puesto en jaque la credibilidad de instituciones políticas en un momento de crisis sanitaria y económica. La resolución de este caso podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción en España.
