El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, concluyó el pasado 15 de octubre de 2023 con la vista para sentencia, lo que deja en manos de los magistrados del Tribunal Supremo la decisión sobre su culpabilidad en un caso que podría acarrearle hasta seis años de prisión por un presunto delito de revelación de secretos. La acusación popular, representada por el abogado penalista Juan Antonio Frago, muestra una firme convicción sobre la existencia de pruebas suficientes para una condena, destacando que el juicio ha reforzado los indicios en su contra.
Los indicios han aumentado durante el juicio
Frago subraya que las dos semanas de juicio han servido para consolidar la acusación. “Los indicios se han acrecentado porque fundamentalmente hemos contado con la ratificación de todos los miembros de la Guardia Civil y por los interrogatorios cruzados de todos los testigos”, ha afirmado. Uno de los aspectos más relevantes de la acusación es el hecho de que García Ortiz eliminó el contenido de su teléfono móvil a medida que avanzaba la causa. Según Frago, esto sugiere que, al ser un aforado, “tenía control de lo que estaba pasando exactamente” y actuó con precaución ante su inminente imputación.
La entrada y registro en el despacho de la fiscal jefe provincial se considera crucial para la obtención de pruebas que refuercen la acusación. Frago ha defendido la validez de la prueba indirecta, a pesar de los argumentos de la defensa que alegan la falta de pruebas directas. “Efectivamente, con prueba indirecta siempre se puede condenar. La inmensa mayoría de la prueba por la que se condena a la gente al final es indirecta”, explicó el letrado, añadiendo que “en el 98% de los asuntos, las condenas son siempre indiciarias”.
La presión mediática y política en el caso
Frago también ha abordado la reciente declaración de varios periodistas que se acogieron a su secreto profesional para no revelar sus fuentes. Su postura es clara: “No le doy ningún valor”. Cuestiona si es posible condenar a alguien basándose únicamente en la palabra de un periodista sin pruebas documentales, y concluye que “tampoco se puede absolver solo porque una persona diga algo que además no puede o no quiere acreditar”.
En cuanto a la influencia de la presión política, Frago no cree que la defensa pública del presidente Pedro Sánchez a García Ortiz afecte la decisión del tribunal. Recordó que el Tribunal Supremo “tiene presión en muchísimos otros asuntos” y está compuesto por magistrados con amplia experiencia. “Van a valorar si hay prueba o no hay prueba, y listo”, sentenció.
Finalmente, Frago expresó su opinión sobre el futuro del caso, afirmando que “hay pruebas más que suficientes para condenar al acusado”, aunque también reconoció que una absolución es “perfectamente factible”. Se espera que la sentencia, que promete ser “larga”, se conozca en “varias semanas”, sin poder precisar si será antes o después de las celebraciones navideñas.
