El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, encargado de la investigación sobre el exministro José Luis Ábalos y el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha confirmado a la Fiscalía Europea que, hasta el momento, no se han detectado obras públicas que hayan utilizado fondos procedentes de la Unión Europea. Este aspecto es crucial, ya que determinaría la competencia del ministerio público europeo en este caso.
Pese a esta afirmación, el magistrado ha dejado claro que no se puede descartar la posibilidad de que, en el futuro, se encuentren indicios de que alguna de las obras investigadas haya comprometido dichos fondos. Sin embargo, el foco principal de la investigación se centra en la posible existencia de organizaciones criminales compuestas por autoridades y funcionarios públicos que, mediante cohecho, habrían influido en la adjudicación de obras públicas.
Detalles de la investigación
En una providencia de ocho folios notificada tanto a la Fiscalía como a las partes implicadas, Puente ha recordado que el pasado 23 de septiembre de 2023 abrió una pieza separada para investigar las obras públicas que están bajo sospecha. Entre los investigados se encuentran Koldo García, exasesor de Ábalos, así como seis empresarios, destacando a Víctor de Aldama.
El juez ha señalado que, a partir de la información recopilada, se ha identificado una posible organización criminal que se beneficiaría de la adjudicación indebida de obras públicas. Esta trama habría operado ofreciendo recompensas económicas a funcionarios a cambio de influir en las decisiones de adjudicación.
Además, la investigación contempla la existencia de una segunda organización, compuesta en parte por los mismos funcionarios, que estaría relacionada con otras entidades constructoras de menor envergadura económica, pero con el mismo objetivo de obtener adjudicaciones ilícitas.
Próximos pasos y conclusiones
El informe del juez detalla las obras públicas que están siendo objeto de investigación, diferenciando entre las gestionadas por ADIF y la Dirección General de Carreteras. Tras la recepción de los expedientes completos, se ha solicitado un informe a la Intervención General del Estado, que aún está pendiente de presentación.
Puente concluye que, hasta la fecha, no hay evidencia de que las obras investigadas hayan comprometido fondos europeos. Sin embargo, reitera que la posible implicación de estos fondos es un aspecto que no puede ser ignorado en el futuro, aunque en este momento se considera un elemento «meramente accidental».
La Fiscalía Europea ha solicitado información al juez para verificar si las obras bajo investigación coinciden con una denuncia presentada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, lo que podría abrir nuevas líneas de investigación sobre la conducta de los implicados.
Finalmente, el magistrado ha enfatizado que no hay justificación indiciaria de perjuicio para los fondos europeos ni la existencia de elementos transfronterizos que justifiquen la competencia de la Fiscalía Europea, al menos hasta este momento.
