El 25 de noviembre, en un gesto significativo en la lucha contra la violencia de género, todas las instituciones de Castilla-La Mancha firmaron un acuerdo para coordinarse y fortalecer la protección de las mujeres víctimas de esta lacra social. Este protocolo reúne a la Junta, al Gobierno de España, las diputaciones, los municipios, el poder judicial, el Consejo de Abogacía y el Colegio de Médicos de la región.
No es la primera vez que se establece un compromiso de este tipo, ya que un acuerdo similar se firmó en 2009, pero este nuevo pacto busca renovar y reforzar los esfuerzos de colaboración. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar Astray, subrayó que la renovación de este pacto fue uno de sus primeros objetivos al asumir su cargo hace poco más de medio año, afirmando que «hoy firmamos este acuerdo con la clara conciencia de que es un principio».
Desarrollo y desafíos del acuerdo
Astray destacó que el verdadero impacto de este acuerdo dependerá de su implementación diaria, estableciendo la necesidad de crear una comisión regional y cinco provinciales para abordar los problemas específicos de cada área. «Nos debemos escuchar y identificar dónde tenemos los problemas, para actuar y subsanar los defectos que podamos tener», afirmó. Además, advirtió sobre los desafíos que se presentan en la lucha contra la violencia machista, incluyendo el abordaje de la violencia digital y la protección de menores, quienes no deben ser «las víctimas olvidadas y desprotegidas».
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, también se mostró comprometido con la causa, anunciando su intención de incluir a los colegios de Enfermería en este acuerdo. García-Page recordó la primera legislación contra la violencia hacia las mujeres en Castilla-La Mancha, la cual fue pionera en España y Europa, afirmando que esta tierra «decidió no cruzarse de brazos» ante la violencia de género.
Inversión en protección y coordinación
La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, enfatizó la importancia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que cuenta con un presupuesto de 1 500 millones de euros para garantizar un sistema de protección y seguridad que, según afirmó, «está salvando vidas gracias al uso de las nuevas tecnologías». La consejera de Igualdad, Sara Simón, apeló a que la coordinación entre las instituciones sea «impecable» para no dejar «ni una sola rendija» por la que la violencia machista se pueda colar.
Este acuerdo representa un paso adelante en la lucha conjunta contra la violencia de género en Castilla-La Mancha, uniendo esfuerzos y recursos para ofrecer una respuesta más efectiva y cohesiva a una problemática que afecta a miles de mujeres en la región.
