En los últimos años, el desarrollo de neurotecnologías ha abierto un nuevo horizonte en la detección de mentiras, planteando la posibilidad de acceder a los pensamientos e intenciones de las personas a través de la medición de la actividad cerebral. Este avance, aunque aún se encuentra en una fase experimental, presenta desafíos significativos para el ámbito judicial.
La búsqueda de la verdad en el ámbito judicial
Desde tiempos inmemoriales, el sistema de justicia ha buscado herramientas que permitan discernir la verdad en los juicios. Antiguas prácticas como las ordalías, el uso del poligrafo y el análisis del lenguaje no verbal son ejemplos de esta búsqueda. Sin embargo, ninguna de estas técnicas ha logrado un respaldo empírico sólido que garantice su eficacia y fiabilidad.
Las neurociencias, por su parte, ofrecen un enfoque más directo al basarse en la actividad neuronal, lo que podría permitir obtener información más precisa sobre lo que una persona sabe o recuerda, superando las limitaciones de métodos anteriores. Esto podría significar que los testigos en un juicio no podrían ocultar o distorsionar lo que dicen, permitiendo una reconstrucción más fiel de los hechos.
La prueba P300 y sus implicaciones
Aunque las técnicas neurocientíficas pueden parecer una novedad, su aplicación en el ámbito judicial español no es completamente nueva. Desde 2014, algunos jueces han admitido la práctica de la prueba P300, que registra las señales eléctricas del cerebro mediante electroencefalografía. Este método se basa en que el cerebro reacciona de manera diferente ante estímulos visuales relacionados con recuerdos, lo que podría indicar un reconocimiento de información.
No obstante, los resultados obtenidos en los procesos judiciales han sido inciertos. En casos como el de Marta del Castillo, donde se intentó localizar cuerpos desaparecidos, la eficacia de esta técnica ha sido puesta en duda. La falta de conclusiones claras sobre su validez genera inquietudes sobre su uso en decisiones judiciales que pueden acarrear consecuencias graves.
Uno de los principales interrogantes es si es posible conocer la verdad a través del análisis de las memorias de los testigos. La memoria humana no funciona como una grabadora; es maleable y puede ser alterada con el tiempo o por la influencia de factores externos. Esto plantea la posibilidad de que los falsos recuerdos sean indistinguibles de los verdaderos, tanto para quien los experimenta como para quienes los evalúan.
La neurociencia aún no ha logrado identificar un marcador cerebral que permita diferenciar de manera concluyente entre recuerdos auténticos y falsos. Por lo tanto, surge la pregunta: ¿qué es lo que realmente miden estas pruebas?
Los experimentos se basan en la premisa de que mentir requiere un mayor esfuerzo cognitivo que decir la verdad, lo que se traduce en patrones cerebrales asociados al engaño. Sin embargo, este modelo presenta limitaciones, ya que individuos habituados a mentir pueden mostrar un esfuerzo reducido, lo que compromete la fiabilidad de la técnica.
A pesar de los avances en neurotecnología, los expertos coinciden en que aún estamos lejos de poder acceder a los pensamientos de una persona o determinar con precisión si una declaración es veraz. En consecuencia, la justicia sigue sin contar con un método confiable para detectar mentiras, enfrentándose a la eterna dificultad de discernir la verdad en la complejidad de la mente humana.
“La aparente objetividad de los datos neurocientíficos puede inducir a una ilusión de certeza peligrosa en el contexto judicial.”
Finalmente, como señala Miquel Julià-Pijoan, no se debe caer en la trampa de creer que estas herramientas pueden ofrecer respuestas claras y definitivas. La búsqueda de la verdad en el ámbito judicial continúa siendo un reto complejo y multifacético.
