El Tinglado 5 del Puerto de Melilla, con un coste de 785.000 euros, no es simplemente una instalación sanitaria; se ha transformado en un símbolo de cómo España está utilizando una exclusión territorial del Reglamento (UE) 2017/625 para crear su propio régimen sanitario en Melilla y Ceuta. A pesar de estar bajo la normativa española, estas ciudades operan con un sistema que se desvincula de las directrices europeas, lo que ha permitido que Melilla funcione como una «zona económica especial de facto».
La Circular IM/1/2022 del Ministerio de Sanidad no vulnera la normativa europea, sino que la sustituye legalmente en territorios que Bruselas ha excluido deliberadamente de su marco regulador. Esta situación ha generado un entorno donde los controles sanitarios son «equivalentes» pero no «idénticos» al resto de España, dando lugar a un sistema donde las mercancías se camuflan como equipaje personal.
La Paradoja del Comercio en Melilla
Las estadísticas oficiales de la Autoridad Portuaria revelan un aumento significativo en el tráfico de personas y vehículos en Melilla. En 2024, se registraron 711.900 pasajeros, lo que supone un incremento del 9,3% respecto al año anterior, y 168.200 vehículos, un 14,1% más, alcanzando un récord histórico. Sin embargo, el movimiento de mercancías apenas superó las 454.000 toneladas, muy por debajo de los niveles pre-2018, lo que indica que, aunque el tráfico de personas aumenta, las mercancías se transportan de manera más oculta.
Este fenómeno se debe a un modelo de negocio que, aunque legal, resulta opaco. Cada vehículo que cruza a la península puede transportar mercancías hasta un valor de 430 euros sin declarar, lo que permite a las familias transportar mercancías por un valor total de hasta 1.720 euros. Con el cruce anual de 168.200 vehículos, el volumen potencial de comercio no declarado supera los 72 millones de euros anuales.
El Modelo de Negocio: Legalidad y Corrupción
El Tinglado 5, cuya remodelación se financió en parte con 516.000 euros de fondos europeos, ha sido objeto de controversia por los supuestos sobornos a figuras políticas como José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, lo que revela un sistema de corrupción que aprovecha las lagunas legales. El aumento del coste de la obra, que pasó de 658.000 euros a 785.200 euros, genera sospechas sobre la correcta utilización de los fondos públicos.
Desde julio de 2025, la aduana comercial de Beni Enzar se encuentra cerrada, lo que ha llevado a que este punto de tránsito se convierta en una vía de escape para las mercancías que viajan camufladas. Con un aumento del 32,7% en el tráfico de vehículos locales, se ha evidenciado una migración hacia un modelo de micro-operaciones individuales en lugar del comercio masivo típico.
La Unión Europea, al financiar infraestructuras en Melilla que aplican normativas españolas en territorios excluidos de su regulación, ha creado una paradoja: está pagando para no controlar. Esta situación pone en evidencia uno de los aspectos más oscuros del sistema, donde se combinan la legalidad y la opacidad en un contexto que favorece el contrabando institucionalizado.
Melilla se presenta, así, como una anomalia dentro del sistema español, operando bajo un régimen que permite a España mantener un comercio preferente con Marruecos durante la Operación Paso del Estrecho (OPE). La falta de un control efectivo sobre las mercancías y la existencia de un modelo de negocio que se escapa a la normativa europea plantea la necesidad de un análisis profundo sobre la corrupción y la regulación territorial.
En conclusión, Melilla no es solo una ciudad española más; es un microcosmos donde las normas europeas no parecen tener efecto, un lugar donde las mercancías ya no cruzan oficialmente, sino que viajan camufladas. Esta situación no solo desafía la percepción de la legalidad en la frontera, sino que también pone en tela de juicio la efectividad del marco regulador europeo en territorios que, aunque forman parte de España, operan bajo reglas propias.
