La Universidad Complutense de Madrid se enfrenta a una grave crisis financiera, habiendo registrado una pérdida de 140 millones de euros en los últimos dos años. Esta situación ha dejado un importante agujero en las cuentas de la universidad más grande de España, que opera con un presupuesto superior a 700 millones de euros anuales. Ante esta realidad, el Rectorado ha solicitado al Gobierno de la Comunidad de Madrid un crédito de 35 millones de euros para poder continuar su funcionamiento.
El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso aún no ha respondido a la solicitud formulada por la universidad. Fuentes cercanas a la institución explican que, para que la Comunidad acepte este crédito, es necesario que la Universidad Complutense reduzca su gasto estructural, tal y como se establece en el artículo 57.8 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Sin embargo, esta medida no aparece reflejada en la memoria económica que el Rectorado ha enviado al Gobierno regional, lo que podría complicar la aprobación del crédito.
Una situación crítica para la educación superior
El déficit acumulado de la Universidad Complutense no solo afecta a su funcionamiento diario, sino que también pone en riesgo su capacidad para mantener la calidad educativa que históricamente ha ofrecido. Sin un ajuste en sus cuentas, la universidad podría verse obligada a solicitar otro crédito el próximo año, lo que agrava aún más su situación financiera.
Las voces dentro de la comunidad académica advierten que, si no se toman medidas inmediatas, la universidad podría enfrentarse a recortes significativos en su oferta educativa y en las condiciones laborales de su personal, lo que afectaría a miles de estudiantes y trabajadores.
La falta de respuesta por parte del Gobierno regional genera incertidumbre, y muchos se preguntan sobre el futuro de la educación superior en la región, así como sobre el compromiso del Ejecutivo con una institución emblemática como la Complutense. La situación actual es un llamado a la acción para que las autoridades tomen decisiones que garanticen la sostenibilidad de la educación pública en Madrid.
