Las barreras entre la política y la ciencia en España son históricas y notorias, evidenciadas por la escasa presencia de asesores científicos en el Congreso y la gestión fragmentada durante la pandemia de covid. Para abordar esta situación, se creó en 2021 la Oficina C, un proyecto parlamentario cuyo objetivo es servir de puente entre la investigación científica y el Congreso de los Diputados. En su cuarta edición, diez investigadores han recorrido los pasillos del hemiciclo para acercar la ciencia a la legislación.
La diputada Tesh Sidi, del grupo parlamentario Sumar, destacó la importancia de esta iniciativa para integrar la perspectiva de los investigadores en el proceso legislativo. “Esta es una oportunidad para acercar posiciones y establecer una conexión común entre científicos y legisladores”, afirmó Sidi. La activista también advirtió sobre los riesgos que enfrenta la ciencia ante el auge de discursos anticientíficos y la desinformación, señalando que “en el Congreso escuchamos discursos negacionistas que cuestionan la labor de la ciencia”.
Un diálogo necesario entre ciencia y política
Francesca Favaro, doctora en Medicina y comunicadora científica, subrayó la necesidad de identificar canales efectivos para transmitir información científica a un público no especializado. “La barrera principal es la comunicación, y este acercamiento directo es fundamental”, indicó. Este programa no busca ser una mera exhibición simbólica, sino que se propone mejorar la comprensión de la labor parlamentaria, a menudo oscura para la ciudadanía y el personal investigador, según Izaskun Lacunza, directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).
Lacunza explicó que el proceso de selección de investigadores se basa en criterios de diversidad y sensibilidad hacia la ciencia aplicada a políticas públicas. La convocatoria de la Oficina C, inaugurada en 2021, evalúa la representatividad geográfica, de género y disciplina de los candidatos, seleccionando a diez participantes que contribuyen al debate parlamentario sin centrarse exclusivamente en demandas corporativas.
Este año, entre los seleccionados se encuentran Ángel Molina García, catedrático de Ingeniería Eléctrica, y Laura Castro Santos, especialista en energías renovables marinas. Además, se han incorporado letrados del Congreso, un paso que busca dar visibilidad a los profesionales que apoyan la labor legislativa.
Lecciones sobre energía y sostenibilidad
La diputada Pilar Calvo, de Junts per Catalunya, participó en esta actividad junto a Mónica Aguado, directora del Departamento de Integración en Red, Almacenamiento e Hidrógeno del Centro Nacional de Energías Renovables (Cener). Calvo destacó la relevancia de comprender los retos del sistema energético español, especialmente tras el apagón sufrido en abril. “Desde el apagón, se ha optado por un modelo de operación reforzado”, explicó.
Aguado, desde su perspectiva, subrayó que la relación entre ciencia y política es crucial, sobre todo en sectores tecnológicos donde los avances requieren marcos normativos sólidos. “El sistema eléctrico debe evolucionar hacia un nuevo paradigma si queremos alcanzar los objetivos de transición energética entre 2030 y 2050”, afirmó. Este diálogo directo con los legisladores es esencial para que las decisiones públicas acompañen la transformación necesaria.
Para Laura Castro, científica especializada en energías renovables, es fundamental que la legislación se base en datos y evidencias contrastadas. “La ciencia no debe quedar aislada en el ámbito académico, sino servir como herramienta práctica para mejorar la toma de decisiones legislativas”, concluyó. Por su parte, la economista Araceli Rodríguez, profesora en la Universidad de Valladolid, también expresó su interés en observar cómo se integra la ciencia en los procesos parlamentarios relacionados con la política presupuestaria.
Esta experiencia, según Rodríguez, representa una oportunidad para explicar a los responsables políticos el valor de la investigación científica y la forma en que los académicos pueden contribuir a mejorar su labor. Así, la Oficina C se erige como un paso adelante en la necesaria interconexión entre ciencia y política en España.
