El Gobierno de España ha decidido tomar medidas para regular la proliferación de universidades privadas en el país, ante lo que ha calificado como una «eclosión» de estos centros educativos en las diferentes comunidades autónomas. En los últimos 25 años, se han reconocido un total de 27 nuevas universidades privadas, algunas de las cuales son consideradas «sólidas e interesantes» para el país, mientras que otras son más «discutibles», según declaraciones del propio Gobierno.
Desde la creación de la Politécnica de Cartagena en 1998, no se ha fundado ninguna universidad pública, mientras que el número de universidades privadas ha crecido hasta alcanzar las 46, en comparación con 50 instituciones estatales. Para abordar esta situación, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un endurecimiento de los requisitos que deben cumplir todas las universidades, tanto las ya existentes como las que están en fase de proyecto.
Modificaciones en el Real Decreto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha criticado ciertos centros educativos recientes, especialmente aquellos de modalidad online, a los que ha calificado de «chiringuitos». La modificación del Real Decreto que regula la creación, reconocimiento y autorización de universidades introduce como principal novedad la obligación de que todos los proyectos de universidad cuenten con un informe preceptivo y vinculante de una agencia de calidad, ya sea la ANECA a nivel nacional o alguna de las diez agencias autonómicas existentes.
Además de este informe, se requerirá otro documento que evalúe la vertiente económica y de gestión de los nuevos campus, elaborado por la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), que aglutina al Ministerio de Universidades y a las 17 comunidades autónomas. Hasta ahora, la ley solo exigía la presentación de este segundo informe, el cual carecía de carácter vinculante, lo que ha permitido que en los últimos años se aprobaran hasta cuatro proyectos de universidades con informes desfavorables.
Este giro en la normativa busca garantizar que las instituciones educativas que se establezcan en el futuro cumplan con unos estándares académicos y de gestión adecuados, evitando así la creación de centros que no aporten valor a la educación superior en España. La medida pretende asegurar que la calidad educativa no se vea comprometida por un crecimiento desmedido de iniciativas que, aunque puedan tener un carácter social, no cumplan con los requisitos necesarios para ofrecer una educación de calidad.
