El Gobierno local de Melilla ha comenzado los expedientes administrativos para sancionar a la empresa Alvalop debido a los reiterados impagos a sus trabajadores. El presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, manifestó su indignación durante una comparecencia pública, donde subrayó la falta de solvencia de la compañía para cumplir con sus obligaciones salariales.
Imbroda, visiblemente molesto, afirmó que la historia de Alvalop en Melilla es «una historia desgraciada», recordando que las empresas que se presentan a concursos deben tener la capacidad suficiente para pagar a sus empleados. «No me vengan con que la administración tarda tres meses en pagar», insistió, enfatizando que la relación laboral es entre Alvalop y sus trabajadores, no con el Gobierno.
Acciones legales en marcha
El presidente aclaró que, aunque comparte la indignación de los empleados, la administración no puede rescindir un contrato unilateralmente sin seguir los procedimientos legales establecidos. «Esto funciona con una serie de leyes que obligan a los funcionarios responsables a actuar conforme a derecho», afirmó.
Imbroda destacó que los expedientes administrativos ya están en marcha desde hace meses, impulsados por el Ministerio de Sociedad y Bienestar Social. «El siguiente paso es decirle a la empresa: vamos a por vosotros sí o sí. O cumplís al 100%, o vamos a por vosotros», advirtió, asegurando que aunque los trámites son lentos, el desenlace llegará pronto.
Lecciones de experiencias anteriores
El presidente recordó que no es la primera vez que Melilla enfrenta problemas similares con empresas adjudicatarias de servicios públicos. Citó el caso del centro de La Purísima, donde una compañía incumplió sus obligaciones y fue sustituida por Tragsa, una empresa pública que asumió la gestión con éxito. «Tarde o temprano habrá que decirle a Alvalop: hasta aquí hemos llegado», comparó Imbroda.
En su intervención, también mencionó que la red de bibliotecas y ludotecas de la ciudad fue una creación del Partido Popular cuando él estaba en el gobierno, resaltando la necesidad de fomentar espacios de estudio para los niños en las barriadas. «Me duele ver cómo un servicio pensado para la igualdad de oportunidades educativas se ve empañado por la gestión de una empresa privada», concluyó.
Finalmente, Imbroda subrayó que la adjudicación de contratos está regulada por la Ley de Contratos del Sector Público, la cual obliga a elegir la mejor oferta económica y técnica, independientemente de quién sea el licitador. «Alvalop se presentó otra vez y su oferta fue mejor que las demás», explicó, dejando claro que la administración no tiene la capacidad de elegir de forma discrecional.
De esta forma, el futuro de Alvalop en Melilla parece incierto, con el Gobierno decidido a actuar en defensa de los derechos de los trabajadores y sus familias, prometiendo que se tomarán las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
